El primer ministro de Turquía, Binali Yildirim, ha anunciado este martes que el Gobierno ya ha solicitado formalmente a Estados Unidos la extradición del influyente clérigo Fetulá Gulen por su presunta implicación en la intentona golpista del pasado viernes.

Yildirim ha insistido en que Estados Unidos debe entregar a Gulen sin mayores requisitos, en respuesta al secretario de Estado, John Kerry, que ha aclarado que para extraditar al líder opositor serán necesarias "pruebas" de su participación en la asonada militar.

El jefe de Gobierno ha esgrimido que con las numerosas detenciones que se produjeron en todo el mundo tras los atentados perpetrados el 11 de septiembre de 2001 Estados Unidos no exigió prueba alguna, por lo que ha instado a Washington a hacer ahora lo mismo.

"No protejáis más a este traidor. No supone ningún beneficio para vosotros, la humanidad o el islam", ha dicho Yildirim en una intervención ante el grupo parlamentario del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), según informa el 'Daily Sabah'.

Yildirim ha aprovechado además para enviar un mensaje a la comunidad internacional, preocupada por la purga que ha sucedido a la intentona golpista, asegurando que todos los detenidos --que se cuentan por miles-- serán tratados conforme al Estado de Derecho.

Golpe fallido

A última hora del viernes un grupo de militares puso en marcha un golpe de Estado para "restaurar la democracia secular". El presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado directamente a Gulen, exiliado en Estados Unidos.

De acuerdo con el balance oficial, 208 personas murieron a manos de los golpistas --145 civiles, 60 policiales y tres soldados--, mientras que 1.491 personas resultaron heridas. Además, en la respuesta de las fuerzas de seguridad a la asonada perdieron la vida 24 de los participantes en el golpe, mientras que otros 50 resultaron heridos.

Por otra parte, 7.543 personas han sido detenidas en relación con el golpe fallido, de las cuales 100 eran oficiales de Policía, 6.038 eran militares de distinto rango, 755 eran jueces y fiscales y 650 eran civiles. Del total, se ha dictado ya prisión provisional contra 316 de ellos.