Rabat ha suspendido este martes el contacto con las instituciones comunitarias, después de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) invalidara el acuerdo agrícola y pesquero con Marruecos por incluir el Sáhara Occidental en su aplicación.
En un comunicado emitido tras la reunión semanal del gabinete, Marruecos ha rechazado la resolución del TJUE al considerarla contraria al Derecho Internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
"Marruecos no puede aceptar ser tratado como sujeto de un proceso judicial, así como ser golpeado por las instituciones europeas", reza la nota. "Continuar en dicha posición amenaza la mutua confianza e incluso la continuación de la colaboración entre ambas partes", añade.
La semana pasada, la UE presentó una apelación contra la sentencia emitida por el TJUE. A principios de diciembre de 2015, el tribunal anuló el acuerdo comercial con Marruecos en respuesta a una demanda presentada por el Frente Polisario, que busca la independencia del Sáhara Occidental, actualmente bajo control de Rabat.
El mes pasado, el Gobierno marroquí decidió suspender los contactos con la delegación de la UE en Rabat.
Pérdicas económicas
En 2015, el comercio agrícola reportó a Marruecos cerca de 43.000 millones de dirhams (unos 3.975 millones de euros), en su mayoría importaciones de países europeos. La decisión de romper los contactos podría hacer perder a Rabat cerca de 1.030 millones de euros en concepto de subvenciones comunitarias.
La UE y Marruecos han alcanzado acuerdos para distribuir productos agrícolas, como tomates, libres de impuestos, así como licencias para permitir a los barcos europeos faenar en aguas marroquíes a cambio de asistencia financiera. En 2013, ambas partes iniciaron negaciones para establecer un gran acuerdo de libre comercio.
Desde 1975, Marruecos controla la mayor parte del Sáhara Occidental y reclama su soberanía sobre este territorio, rico en reservas de fosfatos y de combustible. La invasión del Sáhara motivó una rebelión liderada por el Frente Polisario, respaldado por Argelia, y aunque en 1991 la ONU intentó establecer un alto el fuego, todavía no se ha alcanzado una solución que ponga término al conflicto.
Grupos para la defensa de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Marruecos de reprimir a los activistas y la libertad política del Sáhara Occidental. Por su parte, Rabat realiza fuertes inversiones en el territorio, aspirando a calmar las revueltas sociales y las reclamaciones para la independencia.
