La Corte Suprema exige que Zelaya vaya a juicio antes de ser restituido

Tiene una orden de captura por querer hacer un referéndum 'ilegal'

EFE. TEGUCIGALPA La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras ratificó que el depuesto presidente, Manuel Zelaya, no puede ser restituido en su cargo si no se somete a los juicios que tiene pendientes, informó ayer una fuente de ese órgano. En la opinión que enviará esta semana al Congreso Nacional, que el 2 de diciembre debatirá si se restituye o no a Zelaya en la Presidencia, la CSJ ratifica el criterio que emitió el 21 de agosto pasado en el proceso de consultas del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en su calidad de mediador en la crisis de Honduras. Una fuente de la CSJ explicó a Efe que la opinión que se enviará al Parlamento, y que ratifica la emitida en agosto, fue aprobada anoche por 14 de los 15 magistrados. El tribunal supremo dijo en agosto que "existen acciones penales presentadas (contra Zelaya) por la Fiscalía General de la República", por lo que, "mientras no existan otras disposiciones legales aplicables, no puede eludirse que tendría que someterse a los procedimientos establecidos en la legislación procesal penal".
Zelaya es objeto de una orden de captura acusado de varios delitos relacionados con una consulta popular que pretendía celebrar para promover una Asamblea Constituyente el 28 de junio, el mismo día en que los militares lo arrestaron y lo expulsaron del país, y en que el Parlamento designó a Roberto Micheletti en su lugar. Según el régimen de facto, los militares derrocaron a Zelaya en cumplimiento de ese mandato judicial derivado del proceso incoado por el Ministerio Público contra él por promover la consulta, que había sido declarada ilegal por varios órganos del Estado. Ya derrocado Zelaya, un tribunal de justicia le libró otra orden de captura, en este caso, según el Ministerio Público, por la emisión ilegal de un decreto para la contratación de publicidad.
El derrocado mandatario permanece desde el 21 de septiembre pasado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa tras volver al país clandestinamente.