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El Defensor del Pueblo denuncia escasez de plazas para universitarios con discapacidad

El Defensor del Pueblo denuncia escasez de plazas para universitarios con discapacidad

Becerril detecta que solo seis de los 47 centros públicos consultados reservaron en 2016 el porcentaje exigido para el acceso de estudiantes afectados de discapacidad

28-02-2017TuentiMeneame
Soledad Becerril, Defensor del Pueblo
Soledad Becerril, Defensor del Pueblo. EFE.

EFE / MADRID El Defensor del Pueblo actuó de oficio el pasado año ante 47 universidades públicas y ante el Ministerio de Educación al comprobar que solo seis centros reservaban el porcentaje exigido para el acceso de estudiantes afectados de discapacidad a todos los niveles, a grados, máster y doctorados.

La "inclusividad" en el sistema educativo es uno de los asuntos destacados por la defensora del pueblo, Soledad Becerril, en su Informe Anual 2016, donde también aparecen, entre otras, las quejas por la negativa de ciertos centros a proporcionar a los padres copias de los exámenes realizados por sus hijos.

Las recomendaciones a 62 municipios para establecer o reforzar un sistema de garantía alimentaria, los problemas sobre la oferta de plazas educativas y la necesidad de llegar a un pacto educativo son otras cuestiones tratadas.

En el ámbito educativo el Defensor del Pueblo tramitó 994 expedientes (1.202 en 2015), 788 eran quejas individuales y 45 agrupadas.

Además, hizo 159 actuaciones de oficio y dos solicitudes de interposición de recurso ante el Tribunal Constitucional.

El Defensor ha resaltado que "una de las características debidas a nuestro sistema educativo" es la inclusividad a partir de la firma de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Pero Becerril ha conocido la dificultad de algunos estudiantes para acreditar que tienen necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad con el fin de ejercer con normalidad su derecho a acceder a la universidad a través del cupo de reserva (5 % para grado) para este colectivo.

De las quince comunidades consultadas trece respondieron y en solo dos (Cataluña y Castilla-La Mancha) sus universidades disponen de un procedimiento que permite a estos estudiantes acreditar su discapacidad.

Y únicamente seis universidades públicas, de las 47 consultadas, reservaban cupo de plazas para el acceso a las personas con discapacidad a todos los niveles -universidades Rey Juan Carlos de Madrid, Vigo, Huelva, Alicante, Granada y Valencia-.

Otras nueve reservaban el porcentaje de reserva solo para el acceso a máster -Autónoma y Complutense de Madrid, Universidad de Extremadura y todas las andaluzas, a excepción de la de Almería, que no establecía la reserva para ninguno de los dos niveles, y la Universidad de Huelva-.

El resto solo aplicaban la reserva de plazas para estudiantes con discapacidad para el grado, pero no para máster y doctorado, a excepción de la Politécnica de Madrid, que no contemplaba la reserva del 5 % para el acceso a ninguno de los tres niveles.

El Ministerio se limitó a manifestar que, al existir la obligada reserva de plazas para el acceso a los estudios de grado, quedaba garantizado el acceso a los estudios de máster y doctorado al ser sucesivos a estos.

"Es una conclusión incorrecta", según Becerril, porque "ello no garantiza su acceso a tales niveles si para su acceso existe límite de plazas y deben competir con el resto del alumnado".

En la educación no universitaria, la defensora recuerda las quejas recibidas respecto a la evaluación y diagnóstico, la escolarización y la atención que reciben los alumnos con necesidades educativas esspeciales.

Otras quejas han sido las de los padres de niños prematuros por los problemas que se derivan de que las administraciones no tengan en cuenta para la escolarización el concepto de "edad corregida" que usan los profesionales, es decir, en la que hubiese debido producirse el nacimiento de haber evolucionado normalmente su gestación.

Por otra parte, en enero de 2016 Becerril se dirigió a Educación para conocer las medidas que pudieran adoptarse para incluir en las próximas convocatorias de becas generales la posibilidad de flexibilizar los requisitos fijados si, una vez resuelta la convocatoria, los presupuestos permiten aumentar el número de becarios.

El Ministerio respondió que no se había previsto la aplicación "de fórmulas de recálculo de los requisitos fijados", al entender que ampliar el número de becarios a aquellos que no cumplen los requisitos fijados en la convocatoria disminuye el importe de las becas de los solicitantes que sí los cumplen.