Los primeros comparecientes en el Congreso con vistas a un pacto educativo han insistido hoy en que no puede ser solo político, sino que debe contar con las autonomías, con la comunidad educativa en general y el profesorado en particular y debe estar dotado financieramente de manera adecuada.

El exministro de Educación Ángel Gabilondo, el presidente del sindicato de la secundaria pública ANPE, Nicolás Fernández Guisado, y el profesor de instituto Agustín Moreno, de la Marea Verde de Madrid, han abierto la ronda de intervenciones acordada por la subcomisión parlamentaria que negociará un pacto educativo.

Gabilondo (ministro entre 2009-2011) ha asegurado que el pacto es una necesidad, una prioridad social y un medio para transformar la educación.

Sin la participación de profesores, madres y alumnos en el "corazón del pacto", tendrá "menos legitimidad y recorrido", ha dicho.

Ha reconocido el derecho del Estado a regular la profesión del profesorado y establecer los cuerpos docentes, pero también hay que hablar con las autonomías para buscar acuerdos.

Además del consenso parlamentario, se debe tener en cuenta la distribución de competencias, pues algunas autonomías ya están alcanzando acuerdos en sus territorios.

"Debe ser el pacto del Estado de las autonomías, es indispensable que sea interterritorial", ha precisado Gabilondo, y "la estabilidad normativa solo se puede lograr con cooperación de las administraciones educativas".

Ha defendido que la verdadera excelencia se base en la escuela pública de calidad, que no deje al margen a nadie, sin rechazar la concertada, aunque siempre cumpliendo unas condiciones. Ha sido partidario de que la Religión no sea evaluable y de la presencia de Educación para la Ciudadanía.

Hay que evaluar para mejorar, ha añadido, incentivar y corregir, pero no para clasificar, y menos a los alumnos porque se haría "darwinismo social".

Gabilondo, que también ha pedido un pacto universitario, ha querido precisar que no es lo mismo el derecho a la educación que la libertad de enseñanza, y que no se identifica sin más la libertad de enseñanza con la libre elección de centro.

Sobre su experiencia como impulsor de un pacto educativo, que finalmente el PP rehusó suscribir, ha recordado que había un documento "acordado pero no firmado" y que estaba dotado financieramente con 590 millones de euros en 2011. Por eso, ha señalado que el pacto debe ir acompañado de los presupuestos "adecuados".

En cuanto a los motivos que impidieron el pacto entonces, ha indicado que hay "mil interpretaciones", respetando la decisión de cada cual, si bien es partidario de que los acuerdos sean "en la primera fase de la legislatura".

Fernández Guisado ha pedido una ley de profesorado, previa a un estatuto de la función docente, para todos los niveles escolares de enseñanza pública, concertada y privada, que recoja la formación inicial y continua.

El profesorado es una de las asignaturas "pendientes" de la educación española, y un verdadero pacto debe reconocer, apoyar y valorar su tarea para que sea efectivo, ha asegurado.

Es ya hora, ha instado, de un estatuto docente para cambiar la selección y la formación, que respete los derechos adquiridos, además de alertar del envejecimiento de las plantillas y de que el nivel de interinos es del 25 %.

Sobre gasto educativo, ha pedido recuperar el 5 % del PIB esta legislatura para llegar luego al 6 %, una ley de financiación que ampare las reformas educativas, otra para las enseñanzas profesionales, especialmente la FP, y un fondo de cohesión entre comunidades.

El pacto debe ser político, social y territorial y plasmado en una ley de bases, según ANPE. Debe definir los principios, contenidos y enseñanzas básicos comunes para todos y basarse en la coordinación de todas las administraciones.

Agustín Moreno, de la Marea Verde, ha denunciado la "desconfianza secular" de los gobiernos hacia el profesorado, ha pedido que se recuperen el empleo público, las condiciones laborales y acabar con la interinidad, así como un estatuto docente negociado con los sindicatos, y un cuerpo único de profesorado.

Ha reclamado un 7 % del PIB en gasto educativo y un fondo de compensación para la equidad en todos los centros.

Ha pedido la participación real de la comunidad educativa en las negociaciones del pacto y un acuerdo territorial por las singularidades de un Estado "plurinacional".