Elecciones Generales 2016
Indemnización de transición

Ocho candidatos murcianos cobran del Congreso mientras hacen la campaña electoral

Siete de los diez diputados de la Región percibirán el salario por el tiempo transcurrido entre la disolución de las Cortes y las próximas elecciones generales del 26 de junio

13.06.2016 | 14:23
El hemiciclo del Congreso de los Diputados, vacío hasta después del 26J.

Siete de los diez diputados que fueron elegidos para representar a la Región de Murcia en el Congreso en las pasadas elecciones del 20D han solicitado cobrar la llamada indemnización de transición, por lo que percibirán el salario correspondiente a estos dos meses que han transcurrido desde la disolución de las Cortes Generales, el pasado 3 de mayo, hasta los comicios del 26 de junio.

Según consta en el Portal de Transparencia de la web del Congreso de los Diputados, han solicitado la indemnización los populares Andrés Ayala, Juan María Vázquez y Ascensión Carreño, así como el socialista Pedro Saura y los diputados de Ciudadanos Miguel Garaulet y José Luis Martínez, además del único representante murciano de Podemos, Javier Sánchez Serna. Todos, menos Ayala, son candidatos de sus respectivos partidos el 26J.

La indemnización de transición es un pago único de dos mensualidades de salario íntegro, así como los complementos que les corresponda por su función en la Cámara, que se cobra como compensación económica hasta el día de las elecciones. Está regulada por el Reglamento de Pensiones Parlamentarias y Otras Prestaciones aprobado por las mesas del Congreso y el Senado el 11 de julio de 2006, sufriendo variaciones en 2007 y en 2011. Los únicos que no tienen derecho a cobrarla son los 121 miembros de la Diputación Permanente, que siguen siendo diputados y que, por tanto, continúan percibiendo su salario mensual con normalidad hasta el próximo 19 de julio, fecha en la que se constituyen las nuevas Cortes Generales que salgan de las urnas dentro de dos semanas. Es el caso de Teodoro García Egea y María González Veracruz, cabezas de lista de PP y PSOE, respectivamente, por la Región de Murcia.

De los diputados en el Congreso de la pasada legislatura, la más breve de la historia democrática de España, un total de 203 solicitaron esa indemnización, incompatible con cualquier otra remuneración pública o privada. Solo 20 renunciaron, entre los que no hay ningún murciano.

Además de esta indemnización de transición, la Mesa del Congreso también acordó tras la disolución de las Cortes que todos los diputados podían quedarse durante este periodo hasta las elecciones con los teléfonos y las tablets nuevas que se les facilitaron al inicio de la legislatura, aunque con el compromiso de su devolución si no resultan elegidos en los comicios del 26J. No obstante, si algún diputado que no repita en la próxima legislatura desea quedarse con el teléfono o la tableta, se le ofrecerá su venta a precio de mercado, ya que se encuentran prácticamente nuevos.

En el caso del Senado, sólo trece senadores, entre los que se encuentra Pilar Barreiro, del Partido Popular, han renunciado a esa indemnización de transición que, en la Cámara alta está fijada en 154,54 euros diarios desde la disolución de las Cortes hasta el día de las elecciones, en total, 8.345,16 euros cada uno.

Al igual que en el Congreso, no todos los senadores tienen derecho a esta ayuda, ya que los 71 parlamentarios que permanecen en la Diputación Permanente tampoco han causado baja y siguen cobrando sus emolumentos con normalidad. El único murciano que está en la Diputación Permanente del Senado es el popular Pedro José Pérez. Fulgencio Gil (PP) y Juan Luis Soto (PSOE) han solicitado la indemnización de transición.

Secretaría de Estado
No percibirá la indemnizaciónde transición Isabel Borrego, que pese a ser elegida diputada por Murcia el 20D, se mantuvo en su cargo de secretaria de Estado de Turismo, por lo que desde el día que se constituyeron las Cortes tras los comicios de diciembre renunció a cobrar un solo euro del Congreso de los Diputados, según fuentes cercanas a la secretaria de Estado.

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