Las comunidades están haciendo llegar al Gobierno sus propuestas sobre la reforma de la financiación autonómica, que en principio ya no será antes de comienzos de 2018 por falta de tiempo material, según ha reconocido hoy el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

Aunque hoy se acababa el plazo para que las autonomías presentasen sus evaluaciones al informe de los expertos sobre la reforma, el Gobierno las ha dado 48 horas más después de que algunos gobiernos autonómicos hayan pedido más margen.

De este modo se da oficialmente el pistoletazo de salida a la negociación entre el Gobierno y las comunidades para reformar el modelo de financiación autonómica, que en principio debería haber estado listo este mismo año, para que entrara en vigor el 1 de enero de 2018, tal y como se acordó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero.

Para ello, se constituyó un comité de expertos, que entregó en julio su informe, aunque el tema quedó en segundo plano con el desafío secesionista en Cataluña.

La aprobación esta semana del concierto económico vasco y del nuevo cupo, inferior al anterior, ha enfadado a presidentes autonómicos tanto del PSOE como del propio PP, molestos de que ambas negociaciones no se hubieran desarrollado a la vez y de que la financiación autonómica haya quedado relegada.

Méndez de Vigo ha dicho hoy, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que es "erróneo" buscar paralelismos entre el cupo vasco y la financiación autonómica, porque son dos cosas "totalmente distintas, que no tienen nada que ver".

En la misma comparecencia ha considerado que ya es "imposible" pactar la modificación de la financiación en 2017 porque "no hay tiempo material", si bien ha confiado en que pueda ser una realidad a comienzos de 2018.

Mientras tanto, varios gobiernos autonómicos ya han enviado sus propuestas al Ministerio de Hacienda, entre ellas la Generalitat Valenciana, que propone que las comunidades asuman el 70 % de la recaudación del IVA (actualmente 50 %), para garantizar la sanidad y la educación.

El presidente valenciano y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha advertido hoy al Gobierno de que no van a permitir que "se tiren patadas al balón hacia delante" sin solucionar el "problema fundamental" de la financiación autonómica.

También Murcia pedirá que el nuevo sistema de financiación contemple un incremento de las aportaciones del Estado por impuestos como el IVA para aumentar los fondos que reciben las comunidades, así como una condonación de toda la deuda generada como consecuencia de la infrafinanciación.

El consejero andaluz de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha exigido al Gobierno que revise los instrumentos de cohesión y convergencia para que Andalucía pueda seguir creciendo, tras apuntar que el desfase en inversiones y financiación que soporta la comunidad supera los 10.000 millones de euros.

La Junta de Castilla y León ha remitido a Hacienda un documento en el que analiza los regímenes forales del País Vasco y Navarra como un "notable caso de lo que la doctrina hacendística ha denominado federalismo asimétrico" y que generan una serie de "perjuicios" al resto de autonomías.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha dicho hoy que la financiación autonómica tiene que garantizar que se igualan los servicios y que "un infarto se trata en los mismos veinte minutos en Martorell que en Écija".

Su homólogo asturiano, Javier Fernández, ha evitado criticar el respaldo del PSOE en el Congreso a la renovación del cupo vasco y ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de que no se haya negociado de forma simultánea a la de la reforma del modelo de financiación autonómica.

Respecto a La Rioja, su consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, ha reclamado que se tengan en cuenta las "particularidades" de la región en el nuevo sistema de financiación autonómica, como los costes fijos, la dispersión territorial y el envejecimiento de la población.

Y el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha decantado por un modelo de financiación autonómica que tenga en cuenta el coste de los servicios que se prestan a los ciudadanos frente a quienes defienden un reparto del dinero en función al número de habitantes de cada comunidad.