El pleno del Congreso ha convalidado el real decreto aprobado el pasado 26 de diciembre por el Consejo de Ministros que permitirá a las comunidades autónomas y a las entidades locales pagar al cero por ciento de interés la deuda acumulada con el Estado o los bancos y la financiación del déficit.

Precisamente las administraciones territoriales tenían hasta hoy de plazo para adherirse a estos nuevos mecanismos de liquidez, que distinguen a las administraciones que cumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El tipo de interés será cero para 2015, ventaja que se mantendrá dos años más para las comunidades que cumplan con los objetivos de deuda y de plazo medio de pago a proveedores.

Se podrán financiar los vencimientos de deuda de bancos nacionales e internacionales así como la deuda viva con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), al asumir el Estado la diferencia con el tipo de financiación del Tesoro.

Según los cálculos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las comunidades y entidades locales ahorrarán hasta 2015 un total de 7.432 millones euros con las nuevas medidas y la suma de los beneficios obtenidos con los mecanismos de financiación hasta ahora.

En defensa del decreto, que ha sido aprobado con 179 votos a favor, 20 en contra, y 129 abstenciones -entre ellas del PSOE-, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha destacado la "obligación" del Gobierno de "atajar" las dificultades de financiación que sufrían muchas administraciones territoriales y que eran vistas como un "lastre" para la recuperación económica.

Muchas de estas administraciones, ha recordado, no podían hacer frente al mantenimiento de las políticas sociales, o al pago de sus funcionarios.

Ahorro del Tesoro

Montoro ha destacado que el objetivo del decreto que hoy ha quedado convalidado es compartir con todas las administraciones públicas el ahorro que ha obtenido el Tesoro público gracias a la rebaja de los tipos de interés.

Un tipo de interés cero, que será atractivo para todas las comunidades y entidades locales, con independencia de su actual situación financiera.

En cualquier caso, el titular de Hacienda ha dejado claro que esta ayuda financiera queda al margen de la estrategia política de los gobernantes de cada una de las administraciones.

Por contra, ha criticado el decreto el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, que cree esta medida da "la puntilla" a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Gobierno del PP.

Una ley que, a juicio de Saura, era "ideológica" y sólo trataba de contentar mercados, pero que ha resultado inútil porque la deuda pública se acerca ya al 100 por 100 del PIB.

Desde CiU, Josep Sánchez Llibre cree que el decreto sólo supone un "ibuprofeno" para aliviar la "desnutrición" de las "débiles" finanzas de las administraciones territoriales.

"Lo que se necesita no son ibuprofenos, son proteínas, son ingresos que permitan atender los gastos en sanidad, educación y servicios sociales", ha alertado.

En esta misma línea, el diputado de IU Ricardo Sixto cree que aliviar el peso de la deuda es positivo, aunque no soluciona la "insuficiencia financiera crónica" de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

"Lo que se necesita es una reforma del sistema de financiación y no depender cada ejercicio de su magnanimidad para subyugar a CCAA y ayuntamientos", ha denunciado.

Críticas también del portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, que considera que estos mecanismos de financiación establecen "incentivos perversos" que benefician a las administraciones incumplidoras, tal y como han denunciado comunidades como Madrid.

"Se envía un mensaje nocivo", ha avisado.

"Superministro" Montoro

Desde ERC, Alfred Bosch ha usado la ironía para criticar la "generosidad" del "superministro" Montoro con las comunidades autónomas pese a la deuda acumulada que, a su juicio, mantiene el Estado con Cataluña.

Ante esta situación, Bosch ha propuesto a Montoro que para Cataluña "no salga tan cara" al Estado, se independice y así no será "una carga tan onerosa".

Pedro Azpiazu, del PNV, ha defendido la independencia financiera de Euskadi y ha rechazado el mecanismo adicional de financiación propuesto por el Ejecutivo.

Del otro lado, el diputado del PP Juan José Matarí ha subrayado que este decreto ayudará a que los ciudadanos reciban los mejores servicios públicos "en igualdad de condiciones y con independencia de su lugar de residencia".