El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar como imputado el próximo 20 de diciembre al expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, según han informado hoy fuentes jurídicas.

Rato será el último de los 33 querellados en responder de los hechos que desencadenaron la nacionalización de la entidad financiera.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha citado a los consejeros de Bankia y su matriz, BFA, entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre.

El expresidente de Bancaja y consejero de Bankia, José Luis Olivas, comparecerá ante el juez el 19 de diciembre, mientras que un día antes lo hará el exconsejero delegado del grupo Francisco Verdú.

Todos ellos se enfrentan a presuntos delitos de estafa, administración desleal, apropiación indebida, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas, de los que les acusó UPyD en la primera querella por el caso Bankia que fue admitida a trámite en la Audiencia Nacional.

De acuerdo con el calendario fijado, los consejeros con funciones en los principales comités de Bankia, como la Comisión Ejecutiva, el Comité de Auditoría y Cumplimiento o la Comisión Delegada de Riesgos han sido citados en las últimas jornadas.

Es el caso, por ejemplo, de José Manuel Fernández Norniella, que tenía funciones ejecutivas y fue la mano derecha de Rato desde que llegó a la presidencia del grupo financiero formado por Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

También es el caso de los miembros del Comité de Auditoría Carmen Cavero, Alberto Ibáñez y Araceli Mora, y los componentes de la Comisión Ejecutiva Javier López Madrid, José Antonio Moral Santín, Francisco Juan Ros, Atilano Soto y Antonio Tirado.

Asimismo, está citado a declarar en las últimas jornadas el exconsejero Arturo Fernández, vicepresidente de la patronal madrileña de los empresarios (CEIM).

Con estas citaciones se abre un nuevo capítulo en la historia de la crisis de Bankia, una entidad que nació como marca comercial en marzo de 2011, que salió a bolsa en julio de 2011 y que apenas llegó a cumplir una año de vida antes de ser nacionalizada.

Fue en mayo pasado cuando se precipitó la crisis al dimitir el entonces presidente Rodrigo Rato. Su sucesor, Jose Ignacio Goirigolzarri, pidió la conversión en acciones del préstamo que mantenía con el Estado, lo que supuso la nacionalización de la entidad.

Además, Goirigolzarri presentó un plan que contemplaba la inyección en Bankia de otros 19.000 millones de euros, pendientes todavía de la llegada a España del dinero prometido por Bruselas para recapitalizar la banca.

En paralelo, los juzgados comenzaron a recibir querellas por la gestión de la dirección en Bankia. El pasado 4 de julio, la Audiencia Nacional admitió la primera a trámite, la presentada por UPyD.

Durante la instrucción han salido a la luz documentos sobre la inspección del Banco de España, que revelan que la autoridad supervisora no alertó hasta diciembre de 2011 de que Bankia necesitaba provisionar 8.208 millones de euros más para cubrir las pérdidas esperadas de su exposición al "ladrillo".