El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez impuso ayer a los ex directores generales de la CAM María Dolores Amorós y Roberto López Abad la retirada de sus pasaportes, informaron fuentes jurídicas. En concreto, decretó para Amorós la prohibición de abandonar el territorio de la Unión Europea y para el exdirector una medida de mayor dureza que le impedirá viajar fuera de España.
El magistrado ordenó, además, que ambos comparezcan cada 15 días en los juzgados más próximos a su domicilio. Las medidas impuestas apuntan a la apreciación por parte de Gómez Bermúdez de un evidente riesgo de fuga y de destrucción de pruebas.
Los otros tres imputados en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la caja alicantina -el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, el exdirector de Planificación y Control, Teófilo Sogorb y el expresidente Modesto Crespo- quedaron libres sin la imposición de medidas cautelares. Todos ellos abandonaron la dependencias judiciales pasadas las ocho y media de la tarde. Los cinco miembros de la cúpula directiva de la CAM se vieron obligados a acudir esta tarde a la Audiencia Nacional para comparecer en la vistilla del artículo 505 del Código Penal, convocada para estudiar la petición realizada por la Plataforma de Afectados por la CAM, que solicitó la imposición de una fianza solidaria de 12 millones de euros a los imputados para eludir la cárcel. La petición fue desestimada por el magistrado, que decretó, a cambio, las mencionadas medidas.
Antes de la celebración de la vistilla Gómez Bermúdez tomó declaración al exdirector general López Abad, antecesor de Amorós, y gestor principal de la entidad entre los años 2001 y 2010. El alto cargo indicó que la crisis era común a todas la entidades bancarias y enfocó los errores de gestión a la intervención en la caja del Sistema Institucional de Protección (SIP) que la entidad puso en marcha en mayo de 2010 con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.
Polaris World
El exdirector eludió aceptar cualquier responsabilidad sobre la concesión de créditos de alto riesgo como el facilitado al proyecto inmobiliario Polaris World y sobre el lanzamiento de las participacio?nes preferentes. A lo largo de la pasada semana el juez interrogó a la última directora general de la Caja, María Dolores Amorós, a Crespo, a Soriano Terol y a Sogorb. El magistrado les imputa la comisión de delitos societarios, estafa, manipulación del precio de las cosas y apropiación indebida.
El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha retomado con estas declaraciones las diligencias de investigación por la causa abierta contra la CAM en noviembre de 2011 por el juez Fernando Grande-Marlaska, a raíz de la denuncia presentada por el abogado Diego de Ramón, que representa a cerca de 500 afectados por participaciones preferentes. A la causa se sumó la Fiscalía Anticorrupción.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB, que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva. En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell -que se la adjudicó por un euro- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones.
