Los ministros de Finanzas de la UE se mostraron este martes mayoritariamente a favor de que todos los miembros de la eurozona envíen sus presupuestos a Bruselas para un control previo, pero exigieron confidencialidad en la recomendación de rescates para no 'vender' al país afectado a los mercados.
Los Veintisiete mostraron "un amplio consenso" para que los Gobiernos del euro tengan que remitir a la Comisión Europea (CE) los "detalles esenciales" de sus proyectos presupuestarios, aunque estudiarán cómo incluir "incentivos" para países que no están bajo procedimiento por déficit excesivo.
Estos incentivos podrían traducirse en una cierta flexibilidad administrativa y de contenido para esos socios y en un mayor control para los despilfarradores.
El comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, sugirió que ese control reforzado para países que incumplen los objetivos de déficit se materialice en la obligación de informar a Bruselas dos veces al año en lugar de una.
Los ministros apoyaron también que el Consejo pueda efectuar recomendaciones, sobre la base de un estudio previo del Ejecutivo comunitario, para animar a un país en severas dificultades financieras a que pida ayuda del fondo de rescate.
Solicitaron, no obstante, que ese proceso se realice en un nivel de "confidencialidad" suficiente como para evitar que provoque una reacción negativa de los mercados y dispare la desconfianza sobre la situación de un país.
"Si empezamos a discutir sobre si un país necesita ayuda, los mercados reaccionarán inmediatamente, lo que pondría en peligro al país y su refinanciación", señaló la delegación alemana, y consideró que para evitarlo "el resultado no siempre debería ser público".
El ministro español de Economía, Luis de Guindos, que también intervino en el debate, destacó que no se debería recomendar a un país que solicite apoyo financiero sin antes asegurarse de que la ayuda está disponible.
"Es realmente importante que se decida sobre una recomendación para un rescate de tal manera que, cuando un Estado miembro solicita rápidamente ayuda financiera, seamos de verdad capaces de dárselo", señaló el ministro.
De Guindos pidió también que la información que tengan que suministrar los países a la CE "tenga sentido y no cree ningún obstáculo innecesario", al tiempo que consideró que todos los Estados miembros de la eurozona deben tener que ser supervisados.
Rumanía y Austria, por su parte, solicitaron que se adelante la fecha en que tendrán que remitir los proyectos a Bruselas -el 15 de octubre- debido al poco margen que este plazo dejaría para elaborar sus presupuestos y responder a los cambios solicitados por la CE.
Rumanía propuso adelantar la fecha de presentación a septiembre o incluso agosto.
Los ministros consideraron también que habrá que seguir trabajando para adaptar el sistema de aprobación de las recomendaciones en el Consejo a la autorización de rescates dentro del marco del fondo permanente de rescate (MEDE).
Según el tratado de funcionamiento del MEDE, las decisiones sobre si conceder o no la ayuda a un país en apuros se tomarán por unanimidad, mientras que el reglamento propuesto por la CE sobre las recomendaciones exige un respaldo por mayoría cualificada, lo que podría provocar cierta "cacofonía".
La presidencia de turno de la UE, que ocupa desde enero Dinamarca, recomendó tras el debate que se estudien las sugerencias del Ecofin, en especial, la petición de limitar a la "información esencial" el envío de información a Bruselas, lo que dará más tiempo a los países que han manifestado problemas con la fecha de entrega de la misma.
La UE seguirá ahora trabajando sobre la propuesta a nivel técnico con vistas a tenerla lista en verano y que pueda entrar en vigor el año que viene, indicó Rehn.
