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EFE. BRUSELAS
Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) llegaron ayer a un acuerdo sobre la nueva arquitectura de supervisión del sector financiero en Europa. Según anunció el ministro sueco Anders Borg, como presidente de turno del Consejo Ecofin, el acuerdo comprende tanto la llamada supervisión macroprudencial, relativa a los grandes riesgos en el sistema financiero, como la microprudencial, relacionada con la salud de cada entidad bancaria, bursátil o de seguros.
En octubre, los Veintisiete habían cerrado provisionalmente el capítulo correspondiente a la vigilancia de las amenazas para el conjunto del sistema, con la decisión de crear una Junta Europea de Riesgo Sistémico, mientras que ayer llegaron a un compromiso sobre los últimos puntos pendientes en relación a la supervisión de las entidades.
El Reino Unido había condicionado su aprobación de todo el paquete legislativo a una solución satisfactoria a sus objeciones al poder de las nuevas autoridades europeas de supervisión sectorial que van a ser creadas. Éstas son la Autoridad Europea Bancaria, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores.
Las tres tendrán como cometidos proponer normas técnicas, resolver los desacuerdos entre los supervisores nacionales que vigilen la actividad de una entidad transnacional, y promover la coordinación en situaciones de emergencia.
Por lo que respecta a la Autoridad de Mercados y Valores, tendrá facultades de supervisión directa sobre las agencias de calificación crediticia.
Los últimos puntos abiertos tenían que ver con las reglas de funcionamiento de estas tres nuevas autoridades. En el debate público que ha seguido a la confirmación del acuerdo, el ministro británico de Finanzas, Alistair Darling, ha confirmado su apoyo a la decisión y justificado sus reticencias. "La plaza financiera de Londres es una baza no sólo para el Reino Unido, sino para toda Europa", subrayó.
Según Darling, la reciente crisis financiera ha demostrado, además, lo que puede ocurrir con las entidades que operan simultáneamente en varios países y que los efectos "no respetan las fronteras". El representante británico insistió en que "los reguladores nacionales son los primeros", pero ha reconocido que es preciso "tener una perspectiva más amplia" y "detectar cuanto antes los problemas transfronterizos que se puedan presentar".
Por su parte, la ministra española de Economía y Hacienda, Elena Salgado, felicitó a la presidencia de turno sueca por su "extraordinario trabajo. Es una extraordinaria señal la que damos", dijo durante el debate público. Los ministros han cerrado las cuestiones pendientes relativas a la cláusula de salvaguardia que permite a los gobiernos recurrir las decisiones de las autoridades sectoriales de supervisión en caso de que puedan tener para ellos repercusiones presupuestarias, como puede ocurrir en el rescate urgente de un banco. En caso de desacuerdo entre los supervisores nacionales, las autoridades europeas tienen capacidad para tomar decisiones con carácter vinculante y Londres ha querido asegurarse hasta el final de que será el Consejo Ecofin el que tenga la última palabra. Las tres nuevas autoridades trabajarán en red con los supervisores financieros nacionales dentro del llamado Sistema Europeo de Supervisores Financieros (SESF).
Por otra parte, los ministros de Economía de la UE aprobaron ayer, tal y como estaba previsto, una prórroga para España de un año, hasta 2013, para corregir su déficit excesivo y volver a situarlo por debajo del umbral del 3% del PIB que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).
A cambio de este plazo extra, el Ecofin pedirá al Gobierno que antes del 2 de junio de 2010 presente una estrategia detallada de reducción del déficit que incluya un fuerte ajuste presupuestario anual de más del 1,5% del PIB durante el periodo 2010-2013.
Para lograrlo, los ministros de Finanzas de la Unión Europea, Ecofin, "invitaron" a España a que apuntale sus finanzas a medio plazo mediante una reforma de los sistemas de pensiones y de salud, así como la puesta en práctica de planes para aumentar el crecimiento económico. El texto también "invita" al Gobierno a adoptar "reformas destinadas a mejorar la calidad de las finanzas públicas, mediante la eficiencia y la efectividad del gasto público".
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