EFE. MADRID
Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer pretendían exigir al Estado una indemnización de 4,64 millones de euros por los daños morales y económicos que les causó la condena del caso Urbanor, que fue anulada por el Tribunal Constitucional al considerar prescritos los delitos que se les achacaban. Sin embargo, anoche los empresarios dieron orden a sus abogado para que retiraran la demanda.
La demanda de responsabilidad patrimonial que presentaron los dos primos el 25 de junio ante el Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso EFE, argumenta que desde que el Tribunal Supremo confirmó su condena en marzo de 2003 hasta que el Constitucional la anuló en febrero de 2008 han sufrido numerosos perjuicios que exigen reparación, ya que existió un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. La demanda, contra la que se ha pronunciado el Consejo General del Poder Judicial, señalaba que Cortina y Alcocer "han aparecido injustamente considerados como responsables criminales de unos hechos concretos, durante más de un lustro", lo que tiene "un componente esencialmente moral, que no ha afectado sólo a su esfera patrimonial sino, sobre todo, a la esfera personal, social y profesional".
Persecución
Los dos primos señalan que "han padecido una persecución injusta e indebida hasta límites intolerables" por la sentencia del Supremo, que ha permitido que los medios de comunicación les presentaran como "verdaderos criminales" y les colocaran "en el centro de una diana como los más deleznables delincuentes del país". El Supremo les condenó por estafa y falsedad en documento mercantil al considerar que engañaron a sus socios de Urbanor con la venta de los terrenos en los que se construyeron las Torres KIO (Madrid). Los dos primos se quejan de que el fallo del Supremo conllevó además una "pérdida de ingresos y retribuciones" y un "daño moral por abandonar precipitadamente los puestos de responsabilidad" que ocupaban en grandes empresas españolas.
