EFE
Así lo manifestó el portavoz socialista de Trabajo en el Congreso, Jesús Membrado, en referencia al Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 13 de agosto, que permite cobrar 420 euros a los parados que hayan agotado sus prestaciones o subsidios desde el 1 de agosto y que tiene un coste estimado de 642 millones de euros.
Membrado dijo que el número de desempleados que han perdido todas sus prestaciones desde enero está en torno a los 700.000, por lo que "no es nada fácil" extender las ayudas a esa fecha.
En cuanto a si considera conveniente que el Real Decreto se tramite como proyecto de Ley en el Congreso, dijo que "no hay una postura definida" porque se está analizando la evolución de los costes y que posiblemente "se vislumbrará" en la comparecencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, el próximo jueves 27.
El diputado socialista dijo que si se producen variaciones en cuanto al tiempo de cobertura en el decreto se pueden incorporar como modificaciones al propio Real Decreto por acuerdo del Consejo de Ministros y entonces la norma "se discutirá en su conjunto".
En caso de que no las haya, "no tenemos ninguna duda de que tendremos problemas para su tramitación como real decreto" y los grupos parlamentarios "obligarán" a tramitarlo como proyecto de ley.
Para Membrado, la medida debe tener el "mayor grado de efectividad y rapidez posible" y si finalmente se tramita como proyecto de ley "en el mes de noviembre todavía no habremos terminado y cuando se apruebe se habrá pasado prácticamente la eficacia del sistema".
El diputado se refirió al anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 19 de agosto, sobre la intención del Ejecutivo de ampliar las características de la prestación de los 420 euros, y precisó que falta saber el periodo al que se aplica, "ya que cada mes supone un gasto de unos 100 millones de euros".
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, confirmó que la reunión del Ejecutivo y los Sindicatos prevista para esta semana para estudiar la ampliación de la ayuda se ha trasladado a la siguiente.
En dicha reunión, los sindicatos insistirán al Gobierno para que "corrija la chapuza que se ha hecho", señaló Gorriz, para quien "la mejor forma" de hacerlo es con la renta activa de inserción (destinada a colectivos con ingresos inferiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional), pero modificándola.
En este sentido, reclamó que para poder percibir esta renta, se suprima el requisito de que solo se incluya a los mayores de 45 años y se amplíe a todos los que han perdido la prestación de desempleo y el subsidio. Además, considera que la ayuda debe mantenerse mientras dure la crisis y haya cotas de paro en torno al 12 por ciento. E