El Gobierno aprueba un fondo de ayuda a la banca

EFE El Gobierno aprobó hoy el real decreto ley por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para regular las ayudas al sector financiero y "crear confianza en el sistema" frente a los "problemas que puedan surgir" y para que cumpla su "tarea esencial" de dar créditos.

Así lo aseguraron en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros las dos vicepresidentas del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado, quienes admitieron que, aunque el sector bancario ha demostrado su "probada solvencia", en la actual coyuntura algunas entidades podrían tener dificultades.

La norma aprobada hoy pone las bases del camino a seguir, especialmente con fusiones, y se aprueba en un momento "inmejorable" según Salgado, para "dar respuesta a las necesidades que puedan presentarse en nuestro sector financiero en el próximo ejercicio".

En cuanto a la idoneidad del momento, explicó que las grandes entidades, que son las que podrían generar un riesgo para todo el sistema, "no tienen absolutamente ningún problema".

"Muchas de las otras tampoco, pero otras podrían tenerlos si continúa la crisis y la caída de la actividad económica hace que entren en dificultades por estrecharse los márgenes", explicó Salgado.

Así, insistió en que es el "momento adecuado para iniciar" la reestructuración del sector financiero y para que los 49 bancos, 46 cajas y 90 cooperativas de crédito "se refuercen por procesos de fusión, concentración o absorción".

En este sentido, hizo hincapié en que la reestructuración es "para todo el conjunto del sistema, no sólo para las cajas de ahorros", que "hemos tendido a señalar" en los últimos meses.

La ministra de Economía hizo hincapié en que este proceso también busca "garantizar que (el sector financiero) pueda cumplir su papel en una economía de mercado, que es ser intermediario financiero, y captar recursos que puedan ofrecerse después a empresas y particulares".

Una de las cuestiones claves que explicó Salgado fue la potestad que las Comunidades Autónomas tienen para autorizar las fusiones de las cajas de ahorros, que se mantendrán invariables, si bien el Banco de España tendrá la autoridad en casos de intervención de una entidad.

"Como es urgente, no tiene sentido abordar en este momento" los derechos de veto que las Comunidades Autónomas tienen sobre operaciones de fusión de cajas de ahorros, aseguró la vicepresidenta, que sentenció que "los poderes de las CCAA (sobre las cajas) y el Ministerio de Economía y Hacienda (sobre los bancos) quedan vigentes. No hemos querido que fuera de otra manera".

No obstante, para avalar la competencia del Estado en intervenciones de entidades financieras, invocó una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que es el Estado, a través del Banco de España, la máxima autoridad en dichos casos.