Batalla campal en Naval Gijón

Fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional y prejubilados, que desde hace 15 días ocupan el astillero Naval Gijón, han protagonizado hoy enfrentamientos, en una escalada de las protestas que vienen realizando en demanda de garantías ante el cierre de la empresa previsto para fin de este mes.

EFE Los nuevos incidentes comenzaron al mediodía cuando los encerrados transportaron con una grúa un contenedor cargado con materiales combustibles a los que prendieron fuego y lo cruzaron sobre una de las calles adyacentes al astillero para cortar la circulación de vehículos.

Agentes de la Policía cargaron contra los ex trabajadores con bolas de goma y gases lacrimógenos en una acción que fue respondida desde el interior del astillero con lanzamiento de cohetes voladores hacia las posiciones que ocupaban las fuerzas del orden.

Los encerrados también utilizaron una manguera de agua de alta presión para evitar que los policías se acercaran a una de las puertas laterales del edificio que desde hace una semana permanece rodeado por las fuerzas de seguridad.

Los prejubilados reclaman al ente Pequeños y Medianos Astilleros en Reconversión (PYMAR) que se subrogue en las obligaciones de Naval Gijón y garantice con un póliza de seguros el pago de los complementos salariales una vez que sea disuelta la compañía.

Naval Gijón tiene acordado con los sindicatos UGT y CCOO el cierre del astillero el 31 de este mes, aunque aún no han sido externalizadas las obligaciones laborales de la empresa ni resuelta la situación de 42 obreros de plantilla que no han sido incluidos en el último expediente de regulación de empleo.

Los encerrados exigen que se les garantice por escrito la contratación de una póliza de seguros sobre el pago de los complementos salariales hasta que cumplan la edad de jubilación, como requisito previo para desalojar las instalaciones que mantienen ocupadas.

Hace hoy 15 días medio centenar de ex empleados de Naval Gijón saltaron uno de los muros laterales del astillero y tomaron el control de las grúas, lo que obligó a la dirección a decretar un cierre patronal, que fue considerado ilegal por el sindicato Corriente Sindical de Izquierda.