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EFE. WASHINGTON
El Tesoro de EE UU lanzó ayer su medida más agresiva para sanear la banca y restaurar el flujo en el mercado de crédito, al anunciar que comprará, junto a inversores privados, activos 'tóxicos' por un importe de hasta un billón de dólares. La medida fue recibida con entusiasmo por las bolsas y especialmente por Wall Street que, a media sesión subía casi un 4% impulsada por las acciones de los bancos.
Los bancos en EE UU tienen sus cuentas intoxicadas con activos de mala calidad debido a inversiones fallidas, fundamentalmente vinculadas a las hipotecas 'subprime', incobrables, lo que les impide acceder al crédito y contar con los recursos suficientes para prestar dinero a las empresas y a las familias.
Con el mercado de crédito casi paralizado, el Departamento del Tesoro ha elaborado un plan para reflotar la banca sin nacionalizarla, tal y como piden los legisladores republicanos. El plan consiste en sacar de los balances de los bancos todos estos activos del mercado inmobiliario que no tienen liquidez, y que intoxican sus cuentas. La compra se hará con dinero público, pero también de inversores privados.
De hecho, el propio secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo ayer que los inversores tienen que estar dispuestos a "asumir algunos riesgos" si quieren que la medida funcione. El objetivo es retirar de los balances unos 500.000 millones en "activos tóxicos", aunque el programa se ampliará hasta un billón de dólares si funciona.
El Gobierno comprometerá en este programa entre 75.000 y 100.000 millones de dólares procedentes del plan de rescate financiero que el Gobierno de Bush lanzó en octubre, dotado con 750.000 millones, y que el anterior gabinete destinó a otras misiones. Ahora, el Gobierno de Obama ha puesto todas sus esperanzas en la compra de los elementos 'tóxicos' de los balances bancarios, una iniciativa que cuenta con una cierta complejidad y muchos riesgos.
Una de las dificultades principales es cómo valorar estos activos 'tóxicos'. Si el Gobierno pone un precio bajo, los bancos no los venderán, pero si les otorga una valoración alta, la opinión pública se rebelará contra el plan. Incluso si se pone en marcha, los riesgos son altos. Una de las principales incertidumbres es si el Gobierno será capaz de atraer a los inversores privados, como fondos de inversión, fondos de pensiones y compañías de seguros, para que participen en la compra.
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