La venta centralizada de los derechos televisivos de la Liga de Fútbol Profesional era un pastel tan grande que, para garantizar su aprobación, el Gobierno, con el Consejo Superior de Deportes al frente, se encargó de obligar a los clubes de Primera y de Segunda a destinar un pequeño trozo de la suculenta tarta a «promover el deporte y al desarrollo del fútbol aficionado». Y la LFP, sabedora de que se iban a multiplicar sus ingresos hasta los 1.600 millones con la puesta en marcha de esa normativa, aceptó las condiciones exigidas. El 30 de abril de 2015 se aprobaba el real decreto de ley que significaba un golpe sobre la mesa decisivo para los equipos que militan en las dos primeras categorías.

Casi tres años después, concretamente el pasado mes de enero, el Consejo de Ministros cerraba el círculo al sacar adelante el real decreto que regula la cesión de un tanto por ciento de esos beneficios al CSD y a la Federación Española, que serán los encargados de repartirlos entre los deportistas de élite, los equipos de Segunda B y los de fútbol femenino, así como a las respectivas Territoriales para que inviertan en el fútbol más modesto.

Los destinatarios, que en los últimos meses habían seguido con atención la aprobación de ese decreto, se frotan las manos a la espera de una ayuda que afecta tanto a la actual como a la anterior temporada y que se espera que llegue a las arcas de los clubes en las próximas semanas.

Sobre la mesa hay 21 millones de euros a repartir. De esa partida inicial, el 0,5% -unos siete millones- se destinará a los clubes de la Liga Femenina y a los equipos de Segunda B, en ese orden, para financiar, según informó la Federación Española a sus asociados, «el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a los deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador».

Dado que la división de bronce es una liga poco profesionalizada, en la que muchos jugadores con fichas de aficionados, las principales entidades serán las grandes beneficiadas, y ahí aparecería el Real Murcia. Los granas, con una plantilla completamente profesionalizada y con contratos de los más altos de la categoría, estarían a la cabeza para recibir esa subvención que se repartirá en dos partidas -en las próximas semanas se pagará lo correspondiente a la temporada 2016-2017 y antes de agosto se espera que se abone lo del actual curso-. Algunas fuentes indican que, sumando el dinero de ambas campañas, estaríamos hablando de que el Real Murcia percibiría unos 500.000 euros.

Sin embargo, a Nueva Condomina no llegarán ni las migajas del pastel televisivo de La Liga, y todo porque los murcianistas acumulan muchos meses sin hacer frente a sus obligaciones con la Seguridad Social. El impago de las cuotas de sus trabajadores se ha convertido en algo habitual en la entidad murcianista. Pese a que Raúl Moro llegaba al club en diciembre de 2016 para corregir el mal camino, lo cierto es que el grupo del extremeño no abonó ni uno de los meses a la Seguridad Social, agravando una situación que se mantiene hasta hoy.

Los desmanes a lo largo de 2016 del que sigue siendo dueño del Real Murcia -solo ha abandonado la presidencia coincidiendo con la entrada como gestor de Mauricio García de la Vega- condenarán ahora al ostracismo a los murcianistas, que se quedarán fuera de la subvención que sí recibirán todos aquellos clubes que estén al día en sus pagos con la Seguridad Social. Si se hubieran hecho los deberes abonando dichas cotizaciones, los granas entrarían en el reparto, aunque posiblemente el dinero a percibir no llegaría a las arcas de Nueva Condomina, ya que la Federación estaría obligada a ingresarlo en la Agencia Tributaria, el gran acreedor de los murcianistas. Es decir, que esos alrededor de 500.000 euros hubieran permitido reducir la deuda con la AEAT.

Aunque el real decreto se aprobaba en enero, los clubes de de la división de bronce ya estaban avisados del regalo que recibirían a principios de 2018. En noviembre, la Federación, tras la reunión el día 7 de la Comisión de Segunda B, envió una circular a todos los equipos de la categoría informándoles del procedimiento que debían seguir.

El escrito, titulado 'Solicitud de información sobre cotizaciones a la Seguridad Social correspondiente a la temporada 16-17', el organismo pedía a los clubes que, antes del 22 de noviembre, remitiesen la siguiente documentación: «relación nominal de los trabajadores, recibo de liquidación de cotizaciones y certificado de estar corriente de pago, además de posibles desgloses o información complementaria de deudas existentes». «Todos los documentos deberán referirse al periodo comprendido entre el 1 de junio de 2016 y el 30 de junio de 2017, y venir acompañados de un certificado del club con la relación mensual de futbolistas y entrenadores», añadía la circular.

A la espera que se La Liga libere los siete millones de euros que se repartirán entre los equipos de la Liga Femenina, los clubes de Segunda B y, siempre que quede algo, entre las Territoriales para que protejan los derechos de futbolistas, técnicos y colegiados, el Real Murcia tendrá que buscar otras fórmulas de ingresos, porque, mientras que sus responsables no hagan los deberes, no tendrá acceso al trozo de tarta que Javier Tebas dejó para los más modestos.