­«¿Rumores? ¿Qué rumores? ¿Qué seguimos trabajando? Pues temo que sí... El rumor es que seguimos trabajando». Así contestaba el pasado 28 de julio Raúl Moro Martín, presidente del Real Murcia, a un aficionado que a través de un mensaje de Twitter le pedía que explicase sus planes de futuro porque «los últimos rumores nos inquietan». Y es que la red social se ha convertido en la única voz del extremeño, que, pese a todas las noticias que ponen en duda su solvencia y su credibilidad, no ha ofrecido una rueda de prensa desde que llegó a Murcia en noviembre de 2016. Su única intervención fue el 28 de diciembre, cuando entró a liderar el consejo de administración, aunque evitó dar detalles escudándose en que acababa de llegar y necesitaba tiempo para ir conociendo los datos del club.

Cuando Raúl Moro afrontó esa junta de accionistas, distintas informaciones aparecidas en días anteriores hacían pensar que no todo eran rosas en el pasado del extremeño. ´Rumores´, como los llama el responsable grana pese a existir múltiples documentos oficiales que los confirman, que ayer volvieron a resurgir tras una nueva publicación, en esta ocasión en El Confidencial, que no solo corroboraba todo lo que ya se había ido informando en los periódicos regionales sino que además añadía nuevos datos que demuestran que tanto los tribunales como la Agencia Tributaria estrechan el cerco contra Moro.

Según dicho medio digital, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Arcos de la Frontera ha abierto diligencias para investigar una posible estafa del actual presidente del Real Murcia en la compra venta de una clínica dental en el municipio gaditano, ya que ve «indicios de criminalidad» en los movimientos del empresario. En el auto elaborado por el juez se pone en duda una actuación de la que ya informó LA OPINIÓN el 14 de diciembre. Después de hablar con distintas fuentes que habían vivido en primera persona la mala praxis de Moro, este diario relataba que «solo unas semanas después de hacerse con el control del negocio, el extremeño no se lo pensó dos veces: bajó la persiana, vendió todos los activos, entre los que destacaba el material médico y el mobiliario, y dejó a los clientes con sus tratamientos pagados y sin respuesta». Esa versión es la misma que el juez relata en el auto que publica El Confidencial, donde se puede leer que «el investigado -Raúl Moro Martín- desmanteló la clínica al poco tiempo de la adquisición, así desmontó el mobiliario e instrumental para venderlo a otra clínica sin ingresar el dinero obtenido». Además habla que «dejó de pagar a clientes y proveedores». «Los clientes se vieron con las puertas cerradas de un día para otro».

Toda esta investigación, que ha acabado con Raúl Moro imputado a la espera de saber si se abre o no juicio oral y que de ser condenado le podría caer una pena de hasta seis años de cárcel, se iniciaron tras la denuncia de José Carlos Toro, el administrador de la clínica dental antes de que el actual presidente del Real Murcia se hiciese con el negocio en mayo de 2015, para posteriormente no asumir ninguna de sus promesas ni con el vendedor ni con los clientes. El juez también añade que «puede que no sea una actuación aislada», ya que podría haber hecho lo mismo en «otra clínica en Chipiona».

Raúl Moro, que cuando este diario publicó su implicación en esta polémica evitó hacer cualquier tipo de declaraciones, ya ha tenido que pasar por los tribunales, y según lo escrito por el juez, los datos aportados por el extremeño están «llenos de importantes incongruencias y contradicciones». «Llama la atención que diga que no tenía dinero ni trabajo para pagar el coche y haya adquirido por 400.000 euros el 11% de las acciones del Real Murcia».

Sus problemas con la justicia no son los únicos que se confirman con la noticia publicada por El Confidencial. Y es que este medio digital también aporta más datos sobre la deuda que una de las sociedades del extremeño tiene con Hacienda. Siguiendo la información ofrecida por un diario regional a finales del año 2016, ayer se conocía que Venta de Carburantes del Sur, sociedad de la que Moro es el administrador único, podría haber duplicado su deuda con la Agencia Tributaria, ya que no solo no abonó el IVA de julio a septiembre -primer trimestre en la que la mercantil operó a pleno rendimiento- sino que tampoco lo hizo de octubre a diciembre. Las cantidades impagadas podrían ascender ya a veinte millones de euros, lo que hace que Raúl Moro, tal y como explicaban a esta redacción fuentes de Hacienda hace unas semanas, no tenga ninguna credibilidad y esté en el punto de mira de los inspectores.