Lunes 5 de diciembre. Ocho de la noche. Oficinas de Nueva Condomina. Raúl Moro Martín espera impacientemente. No ha sido invitado al consejo de administración que se está celebrando en uno de los despachos del estadio murcianista, pero el segundo máximo accionista grana se ha presentado sin avisar junto a su gente de confianza. La presión del cacereño surte efecto en el órgano de control del Real Murcia, aunque no de la forma que quiere Moro. Tras muchos minutos, el empresario es llamado a filas. Dentro no le esperan consejeros a sus pies, ni siquiera una silla fija para empezar a tomar notas. El presidente y su equipo, sin obligación de hacerlo, le conforman con la dirección deportiva de la plantilla que dirige Paco García. Es un primer gesto, dice Enrique López, portavoz murcianista, hacia la persona que califica de «salvador». «Lo esperábamos como agua de mayo», sigue el representante de la Asociación de Accionistas Minoritarios, mismo grupo que también abrazó con fuerza a Antonio Perea y Francisco Tornel.
El esta vez sí «salvador» grana de la AAMRM vuelve a marcharse sin hacer declaraciones. Nadie conoce sus intenciones, tampoco su proyecto, ni siquiera lo más importante, ¿cómo va a hacerse con el control absoluto del club con solo 400.000 euros -11% de las acciones-? La respuesta tardará en llegar. Aunque su equipo está confiado en que el 28 de diciembre sea su gran día. Todo dependerá de Gonzalo y Patricia Samper, dueños de la entidad tras la muerte de su padre.
Si abandonamos por unos momentos Murcia para viajar a Arcos de la Frontera encontraremos a muchos clientes de una clínica dental (Torodental SL que posteriormente pasó a denominarse Dental Family) que en mayo de 2015 sintieron lo mismo que Enrique López hace una semana. Raúl Moro Martín era su salvador. El extremeño se convertía en administrador único de una empresa que acumulaba múltiples quejas de los usuarios. «Empastes defectuosos, fundas dentales que no llegaban a sus destinatarios, materiales de mala calidad, cambio de profesionales», según relataba en esas fechas la web Andalucía Información... «Compró la empresa, hizo promesas y no cumplió ninguna», explica a este diario una persona relacionada con los afectados y que prefiere mantener el anonimato. No solo no cumplió con lo prometido en distintas reuniones con los damnificados, a los que aseguró que se haría cargo de los tratamientos que ya habían abonado por adelantado, sino que dio un paso más. Solo unas semanas después de hacerse con el control del negocio, el extremeño no se lo pensó dos veces: bajó la persiana, vendió todos los activos, entre los que destacaba el material médico y el mobiliario, y dejó a los clientes con sus tratamientos pagados y sin respuesta, relata la misma fuente, quien añade que «fue una experiencia malísima».
Muchos de los más de doscientos afectados recurrieron a expertos jurídicos que, aprovechando la legislación vigente que protege al consumidor, les ayudaron a recuperar su dinero, pero otros no tuvieron tanta suerte. «Se consiguió que las financieras no ejecutasen los créditos concedidos, pero los que pagaron en metálico ni han visto un euro ni lo van a ver», relatan a esta redacción.
Un abogado de la zona, que ha estudiado el caso de varios afectados, indica que el 'modus operandi' de Raúl Moro no es el de un empresario normal. «Cualquier negocio y más teniendo en cuenta la época en la que vivimos puede tener problemas de pago, por eso vemos que muchas empresas se acogen al concurso voluntario de acreedores. Sin embargo, Moro Martín no actúa así. El no intenta reflotar ningún negocio. De hecho, la mayoría de sus empresas no tienen actividad ni domicilio social. Él lo que hace es vender cualquier activo y del pasivo se olvida. Hace la maleta y a otra cosa». «Si en la mayoría de los casos los clientes evitaron el procedimiento penal fue porque lo importante era recuperar el dinero de la forma más rápida posible, por ello nos centramos en negociar con las financieras e intentar salvar la situación como fuese», recuerda.
El nombre de Raúl Moro Martín, un completo desconocido en la Región hasta que hace unas semanas compró acciones del Real Murcia, está grabado en la mente de la mayoría de vecinos de Arcos de la Frontera y de otros municipios de la Sierra de Cádiz. De hecho, el cierre de la clínica Dental Family -denominada anteriormente Torodental SL- dejando a varias decenas de usuarios sin los tratamientos bucodentales que tenían contratados fue uno de los casos estudiados por FACUA Cádiz en el año 2015. La asociación de consumidores recomendó a los afectados «reclamar». «El centro debe responder ante los usuarios que han pagado por adelantado su tratamiento». Además, según informaba esta organización, se tramitaron denuncias contra la empresa ante el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía.
Pero los problemas de Raúl Moro Martín no se quedan en Arcos de la Frontera. Otras de sus empresas han desaparecido del mapa para no tener que asumir las deudas contraídas, algunas de ellas con empleados despedidos sin la correspondiente indemnización. A lo largo de este año, el nuevo inversor grana ha recibido distintas notificaciones de juicios pendientes, aunque en los casos conocidos por esta redacción, ni el extremeño ni sus abogados han aparecido por los tribunales. De hecho, con empresas que no tienen un domicilio social tras ir a la quiebra, los requerimientos le han ido llegando a través de los distintos boletines oficiales. El pasado 18 de noviembre, una sentencia del juzgado de Lo Social número 3 de Cádiz que hacía referencia a Moro Martín y Cádiz Smail SL indicaba que «el demandado -en referencia al extremeño- se encuentra en paradero desconocido».
Esa misma categoría se le otorga a otra de las empresas de la que es administrador, E24H Medicina SL. Sin un domicilio social y sin actividad, algunos de sus trabajadores, que acudieron a la justicia para poder cobrar sus indemnizaciones por despido, siguen sin ver satisfechas las cantidades adeudadas por el ahora inversor grana. Y eso que los tribunales les ha dado la razón. Uno de los abogados de la defensa indica a esta redacción que Moro Martín «nunca ha comparecido pese a estar citado». «Me interesa eso de que ha llegado al Real Murcia diciendo que tiene dinero, porque si es verdad no entiendo por qué no ha abonado las indemnizaciones de mis clientes», añade el letrado. Otro experto jurista indica a este diario que «con estos movimientos lo único que el empresario de Cáceres intenta es apartarse de cualquier responsabilidad de pago. Eliminando sus empresas obliga al FOGASA -Fondo de Garantía Salarial- a tener que hacer frente a las indemnizaciones de los trabajadores despedidos».
Una afirmación que gana fuerza al comprobar que otra de las sociedades vinculadas a Moro Martín, concretamente Iniciativas Franquiciadoras Extremeñas SL, ha seguido la misma estrategia. La empresa se encuentra «en ignorado paradero», según los juzgados de Lo Social de Cáceres. En la sentencia del 2 de febrero de 2016, publicada en el Boletín Oficial de Cáceres, la compañía es condenada a pagar unos catorce mil euros de indemnización a uno de sus trabajadores.
No son los empleados de Iniciativas Franquiciadoras Extremeñas SL, que en algunas web de información sobre empresas aparece con el calificativo de «morosa», los únicos que tienen problemas para cobrar su dinero, sino que la propia Junta de Extremadura lleva ya bastante tiempo reclamando la devolución de una parte de la ayuda de 6.000 euros que concedió a la sociedad para la contratación de dos personas y que fue mal utilizada por sus gestores. El 2 de marzo de 2015 el gobierno regional extremeño hablaba de «crédito incobrable» dado que, como se ha indicado anteriormente, la compañía ha dejado de tener un domicilio social reconocido, de ahí que los tribunales hablen de «ignorado paradero».
Las incógnitas sobre la fiabilidad de Raúl Moro Martín son cada vez mayores. Si el hecho de que solo invirtiese 400.000 euros en el Real Murcia en vez de los 2,7 millones que necesitaba para ser máximo accionista ya dejó a algunos consejeros con la incertidumbre de las verdaderas intenciones del cacereño, las últimas noticias aparecidas sobre las deudas de algunas de sus empresas han hecho aumentar las sospechas del entorno murcianista, especialmente de Gonzalo Samper, quien, tras escuchar los recelos de sus asesores, ha preferido estudiarlo todo con tranquilidad y no ceder a las peticiones del inversor extremeño para que le ceda todo su paquete accionarial. De ahí, que desde hace algunos días, cualquier intento de negociación entre las partes sea nulo.
Será en la junta de accionistas del 28 de diciembre cuando definitivamente Gonzalo Samper deba tomar una decisión definitiva.
