Varios intermediarios se han dirigido en las últimas semanas al Real Murcia para solicitar información sobre su situación, aunque ninguno de ellos ha consolidado un interés por hacerse con el control de la entidad, según confirmó ayer esta Redacción el presidente del club, Guillermo Martínez-Abarca. «Muchos intermediarios nos han solicitado información, pero nadie ha dado un paso adelante ni espero que lo haga próximamente», expresó el abogado que lidera el Consejo de Administración, para quien lo principal en estos momentos es «cumplir con el día a día de los pagos».

A todos estos agentes se les ha trasladado la misma información y se les han mostrado los caminos que tienen para entrar en la sociedad. «Nadie puede vender el Real Murcia en estos momentos», reiteró Martínez-Abarca, quien considera que todos estos intermediarios que han solicitado información, esperarán a conocer en qué categoría está la próxima temporada el equipo para materializar el interés.

Una de las vías que están abiertas y que cualquiera puede utilizar en estos momentos para asegurarse un paquete de acciones en la próxima ampliación de capital, que se aprobará en la Junta Ordinaria que se celebrará el domingo 13 de marzo, es a través de los préstamos participativos, aunque de momento ha depositado ninguna cantidad, según confirmó el presidente, quien en estos momentos tiene como principal preocupación pagar las mensualidades a los empleados y jugadores, que hasta el momento han cobrado hasta diciembre, por lo que se mantiene el mes de cadencia en los pagos que ya se llevaba con Jesús Samper. Además, otro de los frentes en los que está trabajando el club es consolidar las adhesiones necesarias para presentar el nuevo plan de pagos del concurso de acreedores. El Murcia ya tiene garantizado el 60%, que es lo necesario para sacar adelante el mismo, pero necesita que todos los acreedores que se han comprometido a suscribirlo, firmen los documentos ante notario. El club tiene hasta el próximo mes de septiembre para cumplir con los requisitos, aunque Martínez-Abarca espera que en el plazo de 60 días quede zanjado el proceso.