­La noticia corrió como la pólvora, revestida de rumor en un principio. Incluso se llegó a decir que había sido detenido por la UCO, esa unidad de la Guardia Civil que antes era muy desconocida y que ahora forma parte de la realidad diaria. No llegó a ser arrestado, pero sus oficinas fueron puestas pata arriba por los agentes de la Benemérita en un día, que seguramente haya sido recordado por Jesús Samper en muchas ocasiones.

El cinco de octubre de 2010 se iniciaron una serie de registros judiciales en Murcia (en la Gerencia) y en Madrid (en la sede de las empresas de Samper), que marcó la carrera política de dos personas: el que fuera alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena, y de un empresario, que además era dueño del Real Murcia.

Se gestaba así el caso Umbra, que ha llevado el juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia y que finalmente decidía imputar al empresario por el convenio que el Ayuntamiento firmo con el dueño del Murcia para el desarrollo de Nueva Condomina, dando lugar a la pieza separada Nueva Condomina, en la que aún continúa imputado el exalcalde Cámara. Su imputación en este asuntó no le impidió seguir desarrollando actividades económicas, pero influyó, sin duda, en su imagen de empresario.

A nadie le gusta ser retratado entrando y saliendo de un juzgado, y menos si es alguien que tiene importantes negocios privados que deben contar con el apoyo y el beneplácito de las administraciones públicas de la Región. Tampoco es plato de gusto que salgan a la luz cartas y correos que el promotor de Nueva Condomina enviaba al entonces regidor municipal dándole indicaciones acerca del convenio que se iba a firmar y de cómo resultaría ser el proyecto.

Todo ese material se obtuvo del registro de la sede de Madrid de las empresas del fallecido presidente, que para siempre quedará en esa pieza separada y que será exhibido en el posible juicio si finalmente se decreta que haya vista oral. Para un empresario como Samper no debió ser fácil digerir la imagen que se proyectó de él con las declaraciones de testigos y acusados en el caso Umbra, que mantuvieron que «todo le parecía poco», en palabras del que fuera concejal de Deportes durante la era Cámara, Miguel Cascales.

El exedil utilizó esos términos cuando declaró como testigo del caso Umbra, unas afirmaciones que se hicieron públicas al igual que el patrimonio del dueño del Real Murcia, cuyo chequeo contable, que también saltó del sumario judicial a las páginas de los periódicos, dio jugosos titulares como que tenía dos cuentas bancarias en Suiza con dos millones de euros, unas cuentas a las que él mismo llamaba ´mis negritas´, un nombre que resulta un tanto estrambótico si se tiene en cuenta que estaba siendo investigado por blanqueo de capitales.

Otro de los aspectos que deparó el caso Umbra, y que salpicó al empresario, fue el uso de información privilegiada presuntamente. Un supuesto delito que venía sustentado, según el juez David Castillejos, por la firma del famoso Protocolo Marco, el 12 de julio de 1999, en el que ya se hacía referencia a que se están revisando las normas del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU).

En este documento se aprecian dos elementos clave, como el hecho de que era necesario para la viabilidad del proyecto urbanístico en el norte de la ciudad modificar las normas del Plan General, una maniobra que finalmente se hizo al cambiar los usos del suelo del sector, donde posteriormente se levantó el complejo comercial y de ocio Nueva Condomina. En segundo lugar, que toda esta actuación se iba a plasmar en un convenio urbanístico, usándose en tal documento la palabra «convenio» en varias ocasiones y la palabra «proyecto» en otras tantas.

El convenio Nueva Condomina se firmó y fue apoyado en pleno por el PP y por el PSOE y supuso el pistoletazo de salida de la rúbrica de otros acuerdos urbanísticos en la zona norte, que también fueron investigado en el Umbra. Además, supuso que se cambiaran las previsiones de la ciudad, ya que la zona norte estuvo destinada en el principio de los tiempos del PGOU para el desarrollo de una gran zona de infraestructuras ferroviarias, que pudiera albergar la llegada del AVE. Pero esa es ya otra historia.