El Real Murcia perdió ayer ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 7 de Madrid el pulso con la Liga de Fútbol Profesional. Javier Tebas, que había logrado una audiencia en el mismo juzgado que el 12 de agosto ordenó las medidas cautelarísimas, que no llegaron a cumplirse esgrimiendo que eran de imposible cumplimiento, de inscribir al club grana en Segunda División, se salió ayer con la suya. Si Andrés Sánchez Magro se había declarado competente en todo este caso, y para él prevalecía la supervivencia de una Sociedad Deportiva por encima de la sanción por la LFP, su sustituto, Francisco Javier Vaquer Martín, actuando como juez accidental del Juzgado Nº7, decidió anular parte del Auto, otorgando a la Liga de descender al club grana.
Lo que se desprende de la resolución, que consta de veinte folios, arroja contradicciones y deja muchas dudas sobre los pasos que se darán en adelante desde el club. Por un lado, el juez ordena a la LFP que inscriba al Murcia en la Liga Adelante; pero en el segundo punto permite que tenga eficacia la sanción de descenso por impago a Hacienda; y por último, el juez afirma que no tiene competencia para dilucidar si el Murcia puede o no participar en la Liga Adelante 2014-2015. Por tanto, ordena al organismo que preside Javier Tebas que inscriba al club grana en el fútbol profesional, y que una vez ahí, ordene su descenso a Segunda B.
El auto del juez estimó «parcialmente» la oposición de la LFP a la decisión del juez Andrés Sánchez Magro, dejando sin efecto sólo la tercera de las medidas cautelares impuestas por éste en el auto del día 12 de agosto, la que se refiere a la sanción de descenso de categoría y multa impuesta por el Juez de Disciplina Social de la LFP por incumplimiento de pagos a Hacienda.
Sin embargo, la resolución decide «mantener en su integridad y desestimar la oposición formulada en lo relativo a las demás medidas acordadas», que incluyen la readmisión del Murcia en la Liga de Fútbol Profesional. En el primer punto le da la razón al juez que dictó la medidas cautelarísimas, anulando los ratios que habían impedido, según la LFP, la inscripción en una normativa aplicada esta misma temporada y que Juan Antonio Samper, vocal del consejo de administración y que fue el representante legal ayer en la vista, calificó de «ilegales porque implicaban retroactividad». Es decir, «el traje a medida» al que ha hecho referencia Jesús Samper, presidente del club, a lo largo de toda esta batalla legal. Ayer, al cierre de esta edición, la entidad no había hecho pública su postura ante el nuevo escenario al que se enfrenta.
El segundo punto clave de la resolución emitida ayer es el que condena al Real Murcia al descenso. Y es que el juez Francisco Javier Vaquer difiere de Sánchez Magro y permite que tenga eficacia la sanción por impago de Hacienda. Es decir, tras inscribir al Real Murcia en el Fútbol Profesional, el juez deja en manos de la Liga el destino del club, por lo que se ejecuta la sanción de descenso del club grana por no cumplir con sus obligaciones para con la Agencia Tributaria. El acuerdo al que no pudo llegar Jesús Samper con Hacienda para el aplazamiento de la deuda, unido a las cinco sanciones que tenía el club por impagos, ha supuesto su descenso al pozo.
Y en el tercer punto, el juez se ha declarado incompetente para valorar o no la inscripción del Real Murcia en el Fútbol Profesional. Era la victoria de Javier Tebas. Al declararse incompetente el juzgado de lo Mercantil, algo que a lo que se había aferrado Samper aludiendo que como sociedades deportivas estaban sometidos a dicha actividad, la LFP y el TAD quedaban libres de ejecutar el descenso del Real Murcia. De nada sirvió lo anteriormente dictado en el auto por Sánchez Magro en el que, teniendo en cuenta su competencia, anulaba el descenso para asegurar la supervivencia del club como sociedad mercantil y que ésta pudiera hacer frente a los pagos con sus acreedores. Además, aunque el club recurra el auto -tiene veinte días para hacerlo- su aplicación no se suspende, por lo que el domingo, ocurra lo que ocurra, el Real Murcia debería medirse al Logroñés en Nueva Condomina, aunque la celebración del partido, dadas las circunstancias especiales, no está garantizada.
Antes, por la mañana, se había producido la vista que iba a dirimir si el Real Murcia era o no equipo de Segunda. La misma arrancó con una relativa sorpresa, ya que ni Javier Tebas ni Jesús Samper hicieron acto de presencia. En representación del club grana iba a litigar el anterior vicepresidente del club, actual consejero y hermano del presidente, Juan Antonio Samper. Y junto a él estaba Gonzalo y Juan Antonio Samper, además de Santiago del Río. Por parte de la Liga de Fútbol Profesional estaba el letrado Miguel García Cava. También presente estaba Luis Gil, miembro de la directiva de la Asociación de Futbolistas Españoles, que acudió como oyente.
Estaba en manos del juez Francisco Javier Martín, titular del juzgado número 6 de lo mercantil y que sustituye al titular del 7, decidir si mantenía la suspensión cautelar del descenso por considerar que era la única forma de poder pagar a sus acreedores y que dictó Andrés Sánchez Magro, juez de la misma sala, el pasado día 13 de agosto. Tanto los representantes del Mirandés como de la Unión Deportiva Las Palmas quisieron personarse en la causa, algo que no fue admitido por el juez.
La sesión que iba a condenar al club grana duró algo más de una hora, y en ella se presentaron varias pruebas en la vista de oposición a la medida del juez, que invalidaba el descenso del Murcia, pero que no había sido acatada por la Liga por considerarla «de imposible cumplimiento».
Comenzó exponiendo Juan Antonio Samper, que argumentó que la Liga despreciaba la ley, indicando que la LFP había «incumplido deliberadamente el auto de un juez» y apuntando ese acto le deslegitimaba para oponerse a él, por mala fe y abuso del Derecho, y que la jurisdicción correspondía al juzgado de lo Mercantil, como dictaban algunas sentencias. Samper continuaba con su exposición esgrimiendo que «la exclusión del Murcia de la competición produciría una situación devastadora y no compensable, con daños irreparables», y reclamó una multa millonaria para la Liga si se ratificaba la cautelar, además de anunciar que iba a emprender acciones penales. Además, afirmó que las normas de la Liga eran ilegales, porque implican retroactividad. Y por último, aclaró que no jugar en Segunda supondría una pérdida de 32 millones de euros y que no habría ningún daño para la Liga si inscribía al club grana. Todo parecía bien hilado.
Después llegó el turno de Miguel García Cava, que argumentó que el juzgado de lo Mercantil no era competente para entender sobre la sanción administrativa impuesta al Murcia, que para eso existía el TAD -aportó como prueba la resolución del tribunal-, y se remitió a Ley del Deporte, por lo que si el juez no es competente, todo lo que dicte como el auto, no tiene sentido ni validez. Además, el LFP esgrimió que el club fue sancionado hasta en cinco ocasiones por faltar al pago con Hacienda, un récord, y que no cumplía con el erario público y eso sería faltar al respeto al resto de competidores que sí cumplen con la Agencia Tributaria. Además, afirmó que el Murcia conocía los ratios económicos desde mayo al igual que otros clubes, como Zaragoza o Racing de Santander, que sí lograron cumplir las condiciones para ser inscritos. «El Murcia es más viable en Segunda B que en Segunda», dijo el letrado en una afirmación sorprendente. Así, pidió el alzamiento del auto judicial de esas medidas cautelares y, además, reclamó a la entidad grana una indemnización de 2,9 millones para el Mirandés si el club burgalés fuera descendido o de 5,5 millones de euros a la Liga si finalmente la Segunda estuviese compuesta por 23 equipos. La respuesta de Juan Antonio Samper no se hizo esperar. El representante legal del club grana contestó diciendo que el fútbol debía 466 millones de euros y el Murcia solo 11, por lo que no tenía sentido el descenso.
Y al final, el juez Vaquer quiso adoptar una decisión salomónica y se alejó de la batalla dejando a la entidad murciana, que no emitió ningún comunicado tras hacerse público el auto, en el fondo del abismo de la categoría de bronce.
