Eduardo Hertfelder, presidente del IPF, denunció que la ley del ´divorcio express´, como se le llegó a llamar, en lugar de agilizar los trámites para el divorcio, tal y como se vendió, tan sólo ha creado nuevos mecanismos que dispara su número. En su opinión, la supresión del período de separación previa, la unilateralidad en la toma de decisión y la eliminación de concurrencia de causa ha llevado a "explosionar" las rutpuras.
El informe que hoy presentó recoge un notable incremento en el primer semestre de este año -la ley se aprobó en julio del año 2005- respecto al mismo período del año pasado, con un 21 por ciento de rupturas más, al pasar de 70.689 a 85.633. Además desde que se agilizó el divorcio éstos suponen un 90 por ciento de todas las rupturas, frente al 60 por ciento de 2005.
Hertfelder recordó que durante la anterior normativa el 20 por ciento de los matrimonios se reconciliaba en el período de reflexión y un 15 por ciento decidía no dar el paso del divorcio. "Esta nueva ley del divorcio express no da opción a la reconciliación, provoca la ruptura y aumenta la conflictividad", sostiene el presidente del IPF.
De seguir así, Hertfelder estima que a finales de año el incremento total sobre el año pasado será de un 15 por ciento. Esto mismo con datos más llamativos se traduce en que durante 2005 se rompieron 408 matrimonios diarios, es decir, uno cada 3,5 minutos. El informe ´La Ruptura familiar en España, 25 años después´, alerta igualmente del aumento de las rupturas no consensuadas, al haber pasado de un 35 a un 40 por ciento del total.
Estos datos acentúan una curva que se viene registrando en los últimos años. En diez años las rupturas matrimoniales han crecido en más de un 81 por ciento. En la actulidad se produce una ruptura por cada una boda y media; aunque esta institución estima que antes del año 2010 la proporción será de uno a uno. Los matrimonios más afectados son los de las parejas que llevan menos de cinco años de duración y los que llevan más de 20. Ambos grupos acumulan el 50 por ciento del total de las rupturas.
Por comunidades autónomas, Cataluña, Andalucía, Madrid, Valencia y Canarias son las que más número acumulan. En el extremo contrario se sitúa Navarra, Cantabria, Extremadura y Aragón. Sin embargo, proporcionalmente las que tienen una tasa más elevada de rupturas matrimoniales son Canarias, Baleares, Cataluña, Valencia y Asturias. Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón son las que tienen una tasa menor.
ACCIONES NULAS
En este marco, el presidente del IPF, aseguró que las acciones de la administración pública han sido "prácticamente nulas y claramente insuficientes" ya que "no existe ninguna ley a nivel nacional sobre prevención o mediación familiar, ni se han creado o promovido Centros de Orientación Familiar , ni se han realizado campañas de sensibilización ignorando la problemática de la familia".
Por ello, propuso la rectificación y corrección de la ley de extensión del divorcio, para reforzar los mecanismos de reflexión, apoyo y conciliación en las crisis matrimoniales; la creación de la mesa sobre la ruptura familiar, compuesta por expertos y asociaciones con el objeto de abordar la problemática de la ruptura familiar; la creación de una subcomisión no permanente en el Congreso, la creación de Centros de Orientación (públicos o privados) en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa y el lanzamiento de un plan nacional sobre matrimonios jóvenes.
Asimismo, pidió desarrollar campañas de sensibilización y de concienciación de la importancia del matrimonio y la familia y el fomento de medidas sobre protección de los cónyuges e hijos cuando la ruptura definitiva se ha producido, contribuyendo a aliviar las situaciones de desequilibrio emocional, mediante el establecimiento judicial de terapias a realizar por centros de atención a la familia, dotados de recursos pluridisciplinares.
Además, pidió poner en marcha el ´Programa Red Familia´, a cargo del 0,7% del IRPF, que proporcione ayuda y asistencia a las familias para ayudarlas a resolver sus diferentes problemáticas, la revisión de la legislación fiscal, o de otros ámbitos, de forma que se eliminen los incentivos a la ruptura y la elaboración de una Guía de Ayuda a la Familia, que facilite a las familias el acceso a las ayudas y mecanismos de asistencia, entre otras.
