El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha ratificado la Sentencia del Juzgado número 7 de lo Social, según la cual el despido de Javier Fuentes Feo como director del Cendeac fue improcedente, y obliga a la consejería de Cultura a readmitirlo en su cargo o a indemnizarlo económicamente.

Javier Fuentes Feo fue relevado de su cargo al frente del Cendeac en noviembre de 2014, tras cuatro años al frente del Centro de Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de Murcia, dependiente de la consejería de Cultura, cuyo titular era entonces el presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sánchez. La directora general del Instituto de Industrias Culturales (ICA), Marta López-Briones, explicaba entonces que su departamento quería darle un nuevo impulso al centro, por lo que se nombró un comité asesor encargado de la programación.

Tras la denuncia por parte de Fuentes Feo, el Juzgado Número 7 de Lo Social declaró improcedente su despido y condenó al Instituto de Industrias Culturales a readmitirlo o a pagarle la indemnización de 16.520 euros y, en el caso de la readmisión, se condenaba al ICA a pagar los salarios de tramitación. El ICA presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que ha vuelto a darle la razón a Fuentes Feo.

Tras relevar de su puesto al crítico de arte como director del Cendeac, se puso en marcha una plataforma de apoyo a su labor al frente del centro que consiguió más de 2.500 firmas para su restitución y puso en marcha el Observatorio de la Cultura, que ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo, aunque lamenta que "supondrá un nuevo despilfarro para las menguadas cuentas del ICA, que, a causa de todo el proceso, deberá desembolsar un saldo superior a los 40.000 euros (teniendo en cuenta la indemnización que debe abonar al damnificado, los costes jurídicos del recurso que decidió interponer contra la primera sentencia y las multas de la Seguridad Social resultantes de este cúmulo de errores)".

Además, denuncia "que se está malgastando el dinero de todos los murcianos y murcianas, y exige responsabilidades políticas ante lo que el tiempo va confirmando de manera cada vez más fehaciente como una decisión injusta y dañina para el sector cultural público de la Región".