De estas 1.401 denuncias, la mayoría presentadas por la vía penal, 532 continúan vivas al no haber resuelto todavía la Justicia sobre ellas, mientras que 869 han finalizado con una resolución, que sólo en 65 de los casos es una sentencia condenatoria contra la enfermera.

González, que ha subrayado que sólo entre el 6% y el 7% de los casos de denuncia acaban en condena, ha advertido de los riesgos de la tendencia a la "judicialización" de la actuación de los profesionales de la sanidad, que afecta también a los médicos y a la administración sanitaria como ente responsable.

Por comunidades, Andalucía y Madrid encabezan el listado de denuncias, con un 27,84% y un 15,85%, respectivamente, seguidas de Castilla y León (7,3%), Canarias (6,64%), Cataluña (6,14%), País Vasco (5,71%), Murcia (5,57%), Castilla-La Mancha (5,07%) y Galicia (4,07%).

Entre las que registran menos denuncias están Ceuta (0,07%), Melilla (0,43%), La Rioja (0,86%), Navarra (0,86%), Comunidad Valenciana (1,36%), Cantabria (1,36%), Asturias (1,57%), Extremadura (2,86%), Aragón (2,93%) y Baleares (3,43%).

El portavoz del colectivo de enfermería de toda España ha advertido que esta tendencia acaba por empujar a médicos y a enfermeras a practicar una "medicina defensiva", lo que ocurre cuando, por miedo a denuncias, los profesionales sanitarios repiten pruebas y exploraciones e incluso llegan a no realizar ciertas actuaciones, lo que cree que, al final, va en detrimento del propio paciente.

Máximo González ha denunciado que algunos bufetes de abogados parece que cuentan con oficinas en las mismas plantas de los hospitales ya que se pasan horas allí buscando posibles clientes entre los pacientes.

Además, asegura que las denuncias por la vía penal suelen ser vividas como "un verdadero calvario" por los profesionales ya que tardan entre dos y tres años en resolverse, tiempo en el que sienten "estigmatizados".

Para atajar este fenómeno, el Consejo General de Enfermería plantea una "conciliación" con la profesión de los abogados, además de la creación de una oficina extrajudicial de defensa del paciente integrada por una mayoría de profesionales independientes no enfermeros, que recogerían las protestas, las investigarían y dictarían una resolución vinculante.

González cree que España podría contar con esta oficina dentro de un año aproximadamente, lo que supondrá, a su juicio, "una revolución" ya que limará el poder de los colegios profesionales.

Los enfermeros abogan, además, por la redacción de guías clínicas y protocolos de actuación que los jueces puedan utilizar a la hora de fijar las indemnizaciones.

La administración incorrecta de inyectables, de medicamentos no apropiados, de un grupo sanguíneo erróneo o el desconocimiento de alergias a ciertos fármacos o materiales centran las principales reclamaciones o denuncias contra los enfermeros.

Máximo González, que ha comparecido acompañado por la presidenta del Colegio de Enfermería de Barcelona, Mariona Creus, ha pedido, además, el incremento del número de enfermeras para garantizar una práctica de mayor calidad tras denunciar el exceso de trabajo que soporta este colectivo.

En la actualidad, España cuenta con cinco enfermeras por cada mil habitantes, frente a las nueve por cada mil habitantes de la media europea, por lo que González ha afirmado que "en España faltan 250.000 enfermeras".