EUROPA PRESS
Con este dinero, la Administración financiará propuestas como la ejecución del III Plan Regional de Prevención de Riesgos Laborales, los programas de asesoramiento para ayuntamientos y asociaciones, los programas de formación e investigación, así como una mayor presencia de la prevención en el ámbito educativo desde los primeros niveles hasta el segundo ciclo de enseñanzas universitarias y de formación profesional.
Así, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) ha multiplicado las diferentes actividades que organiza para fomentar la prevención entre toda la población murciana, y en total, se han realizado un total de 23 jornadas formativas en las que han participado unas 1.400 personas, con una duración total de 113 horas.
En ellas los participantes abordaron los "principales" riesgos presentes en los siniestros que se producen, como las caídas de altura, el estrés térmico, la exposición a contaminantes químicos, la manipulación de cargas y las lesiones músculo-esqueléticas, entre otros, determinó el Ejecutivo regional.
En este sentido, el consejero de Empleo y Formación, Constantino Sotoca, subrayó que se trata de programas que "siembran una verdadera cultura preventiva que ha de prevalecer no sólo en el mercado laboral, sino también en el germen de éste, es decir, en los futuros empresarios y trabajadores, ya que inculcar la prevención en los más jóvenes es invertir en seguridad para el futuro".
Además, junto a estas actuaciones, la Consejería destinó más de 510.000 euros a corporaciones locales, a entidades sin ánimo de lucro y a empresas privadas de la Región para subvencionar iniciativas que difundan y promuevan la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Con esta cantidad económica, el Gobierno regional subvencionó además la contratación de técnicos de prevención, e incentivó diferentes inversiones en esta materia por parte de las empresas.
Sotoca remarcó que todas estas acciones "se reforzarán este año" gracias al incremento en un 4,49 por ciento de las subvenciones a las empresas, entidades privadas, corporaciones locales y universidades públicas, y en un 81,46 por ciento del presupuesto para actividades de investigación, promoción y difusión de la prevención de riesgos laborales.