En una nota de prensa UPA considera "lamentable que las formaciones políticas que componen el arco parlamentario castellano-manchego (PSOE y PP) hayan alcanzado un consenso unánime para, desde una dudosa legalidad, proponer el año 2015 como el de la caducidad del acueducto Tajo-Segura".
No obstante, advirtió que "vista la ausencia de coincidencia en las posiciones que defienden las organizaciones territoriales de ambas formaciones políticas en Castilla-La Mancha y en la Región de Murcia con respecto a la continuidad del trasvase Tajo-Segura", rechazó "dar crédito a las opiniones de unos y otros".
En tal sentido, UPA instó a los "grupos parlamentarios durante la tramitación en las Cortes Generales de España, a que defiendan la potestad del Gobierno central para dirigir la planificación hidrológica estatal y, en particular, la gestión de los recursos hídricos de las cuencas intercomunitarias".
Finalmente, el sindicato agrario defendió que el acueducto Tajo-Segura es una infraestructura "necesaria e insustituible, que no puede ser suprimida como consecuencia de la materialización y puesta en marcha del resto de medidas incluidas en el Programa AGUA", así como, añadió, "su mantenimiento y continuidad operativa es imprescindible para resolver el déficit hídrico estructural y evitar el retroceso económico y social de todo el territorio incluido en la cuenca del Segura".
