Un juzgado declara ilegal que las plazas de Policía Local las cubra Torre Pacheco con Fuerzas del Estado

Desde UGT, lo que se critica es que las tres plazas para cubrir los puestos de Unidad de Seguridad Ciudadana "estaban dirigidas a la Guardia Civil y a Policía Nacional, mediante el concurso específico de movilidad interadministrativa" y, a través del cual, "dos guardias civiles y un policía nacional las aceptaron, pensando que estaban en regla y eran seguras". Para estas plazas, se presentaron un total de 18 aspirantes, de los que cuatro eran policías locales.

Sin embargo, en virtud de la sentencia, Pérez destacó que ahora son los perjudicados, ya que dos de ellos "se trasladaron desde Madrid con sus familias" y se enfrentan a la "ilegalidad" de la plaza "teniendo que volver a sus puestos de origen"; una situación de la que "el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García; y el director general de Administración Local del Gobierno regional, Diego Cola, hicieron caso omiso".

Además, el secretario de Administración Local en la FSP-UGT hizo hincapié en que tanto García como Cola fueron advertidos de los perjuicios económicos que conllevaría para las familias de estos dos guardias civiles y policía nacional si el recurso --presentado por UGT-- se fallaba a su favor.

Ambos representantes sindicales advirtieron que esta situación se da también en otros ayuntamientos de la Región, entre los que citó Las Torres de Cotillas, Archena, Águilas, San Pedro del Pinatar y San Javier, "en donde se quiere ocupar las plazas de Policía Local con las de Guardia Civil y Policía Nacional".

Se trata, por tanto, de una situación que, a juicio de Pérez, es "ilegal", porque esas plazas "se tendrían que ofertar a aspirantes de la Policía Local que, en su mayoría, están en paro".

INFORME DEL MAP

No obstante, Navarro subrayó que "se intentó negociar con ellos, pero hicieron caso omiso no sólo a las 900 firmas que se recogieron de la Policía Local, sino también de los informes que el propio Ministerio de Administraciones Públicas hizo con respecto a este tema", por lo que, desde la FSP-UGT se decidió interponer un recurso a fin de que se anulara dicha convocatoria.

Al respecto, explicó que "antes de que estos policías tomaran posesión, se recibió un informe del MAP --solicitado por este sindicato-- que decía que la movilidad interadministrativa en Murcia no era posible, al existir una Ley de Coordinación de policías locales y un decreto que regula la forma de hacerlo". Así, la persona encargada de elaborar dicha ley --Diego Cola-- "pasó de la situación y se remitió a que lo que diga el juez es lo que vale", añadió Navarro.

En ese informe, según señaló Navarro, "se decía que las plazas de Policía Local en Murcia se deben cubrir como dice la Ley de Coordinación, y no por la movilidad interadministrativa; pero el Consistorio contradijo claramente esa ley para beneficiar a un alcalde".

Y es que, a juicio de Pérez, "se vulnera el principio de igualdad, ya que el proceso selectivo que se plantea está totalmente enfocado a que aprueben policías nacionales y guardias civiles, dando a los policías locales muchos menos puntos", por lo que pidió la dimisión de Cola "al amparar al Ayuntamiento de Torre Pacheco en sus pretensiones", al tiempo que instó al Gobierno murciano "para que ponga todos los medios necesarios a fin de que esta situación no se vuelva a repetir".

De este modo, advirtieron que llevarán a los tribunales "a todos aquellos ayuntamientos que tengan la misma idea que la del Consistorio de Torre Pacheco".

PLAZAS "AHORRATIVAS"

De igual modo, Pérez dejó entrever que la idea original de la creación de la Unidad de Seguridad Ciudadana era "cubrir esas plazas con guardias civiles y policías nacional, porque están más especializados", algo que consideró una "aberración".

Al respecto, recordó que "hay muchos municipios de la Región en donde la seguridad ciudadana está dotada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y, si los convertimos en policías locales, se desampararía a varias localidades, y no se incrementaría la plantilla".

Además, y según expuso Navarro, "de esta forma, se ahorrarían unos 9.000 euros en la formación de cada uno de los nuevos agentes, en academias, en uniformes, en el proceso de selección y en el sueldo, vistiéndolos de forma distinta y llevando el nombre de Unidad de Seguridad Ciudadana, pero siendo las competencias las mismas, ya que ante cualquier hecho grave, los que siempre acuden son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". En definitiva, "pretenden crear una Unidad de Seguridad Ciudadana que sería el germen de la futura Policía Autonómica".

Por último, el responsable de la FSP-UGT de Cartagena, Juan José Cabello, habló incluso de cierto "enchufe" en las pruebas y de "ilegalidades" cometidas, refiriéndose a que una plaza de cabo que se ofertó se cubrió por una persona "que venía de la calle, es decir, que era vigilante de seguridad".