Esta norma pretende cubrir el vacío existente sobre los principios en los que asentar la política pesquera y acuícola, así como los instrumentos que garanticen una explotación y gestión sostenible de los cada vez más escasos recursos pesqueros, y que se asegure que esta explotación resulte compatible con la conservación del medio marino.

El Ejecutivo regional también dará el visto bueno, entre otros, a varios convenios de colaboración con la Administración central y comunidades de regantes para modernización de regadíos.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno autorizará otros convenios en materia de Política Social referidos al Plan de Acción para las Personas Mayores, así como de los departamentos de Educación y Cultura, Industria y Medio Ambiente, y Presidencia.