El expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, actualmente vicepresidente del Parlamento Europeo, no tuvo ninguna responsabilidad criminal en la serie de irregularidades administrativas que se cometieron en la Comunidad Autónoma para impulsar el proyecto urbanístico Novo Carthago, que pretendía construir 10.000 viviendas, hoteles y un campo de golf en unos terrenos protegidos junto al Mar Menor.

Así lo estima al menos la titular del Juzgado de Instrucción Número Dos de Murcia, Miriam Marín García, que ha dado por finalizadas las investigaciones y contradice así al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Murcia Manuel Abadía, quien en un auto judicial de febrero de 2015 situó a Valcárcel como eje central de una trama existente en la Administración regional dedicada a saltarse la legislación urbanística y medioambiental con el objeto de favorecer el proyecto de la empresa Hansa Urbana, vinculada a la CAM. La juez, además, ha dado carpetazo a la investigación abierta a la hija del expresidente, Charo Valcárcel, y a su marido, Fulgencio Perán, a quien tanto Abadía como la Fiscalía señalaron en su momento como presuntos beneficiarios de prebendas de parte de Rafael Galea, el consejero delegado de Hansa Urbana, a cambio de que el que fuera jefe del Ejecutivo de la Región entre 1995 y 2014 diera su bendición al proyecto.

«Es cierto que el señor Valcárcel se mostró a favor del proyecto asistiendo en su condición de presidente a la presentación pública que tuvo lugar en el hotel de La Manga el 12 de junio de 2003. Sin embargo, ni este hecho, ni tampoco las sospechas sobre la posible existencia de una 'unidad de actuación' o acción coordinada entre el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Ordenación del territorio, resultan insuficientes por sí solas para atribuirle responsabilidad criminal, pues a lo largo de la instrucción no ha sido posible demostrar que ninguna de las irregularidades detectadas a lo largo de la tramitación del PORN de 2003 o la modificación puntual número 113 del PGOU de Cartagena hubiera sido ordenada o impuesta por el señor Valcárcel», indica el auto de la juez Marín, hecho público ayer.

La titular del Juzgado Número Dos de Murcia señala también en otra parte de la resolución judicial, que todavía no es firme, que ninguno de los investigados en la causa de Novo Carthago, «ni ningún otro funcionario o persona que participó en los procesos normativos de recalificación urbanística, han hecho alusión alguna al señor Valcárcel o han manifestado haber recibido órdenes o instrucciones de éste respecto al proyecto», por lo que no encuentra indicios suficientes para mantener las investigaciones contra la hija del expresidente y su yerno.

Asimismo, el auto decreta el sobreseimiento para un cuñado del expresidente, Juan Francisco Cruz Alfaro, quien formaba parte junto a Juan Sánchez Carrillo (hermano del exconcejal) y José Alberto Meroño Garriga de la empresa Faromur, a la que se investigaba por una compra de terrenos a bajo precio Hansa Urbana.

El auto de Abadía

El vicepresidente del Parlamento Europeo queda así libre de sospecha en esta causa, por la que no ha llegado a declarar en sede judicial. Valcárcel siempre defendió tanto su inocencia como la de su familia, señalando que el demoledor auto del magistrado Abadía (hoy jubilado) que lo inculpaba se debía a una supuesta inquina personal del juez contra él.

Abadía dejó de instruir el caso Novo Carthago cuando Antonio Cerdá dejó su cargo de consejero de Agricultura en el Gobierno de Alberto Garre. Al no haber aforados, la causa debía salir del TSJ para volver a la Justicia ordinaria. Esta renuncia, y su posible conexión con este procedimiento judicial, causó una fuerte crisis en el PP en la primavera de 2015.