15 de mayo de 2018
15.05.2018
Tribunales

Martínez y Gómez niegan los hechos en el primer día del juicio por las dietas de la CAM

Los 20 acusados, entre los que se encuentran los dos murcianos, dejan solo al expresidente de la caja Modesto Crespo, que se declaró culpable del cobro indebido de 600.000 euros

16.05.2018 | 20:46

Ninguno aceptó la oferta de la Fiscalía Anticorrupción de rebajar las penas a cambio de admitir su culpabilidad.

«Un buen acuerdo si hubiéramos hecho algo malo». Así definía ayer el abogado de uno de los veinte acusados del cobro por parte del expresidente de la CAM Modesto Crespo de 600.000 euros en dos años en concepto de dietas la oferta de la Fiscalía Anticorrupción para que siguieran la estela iniciada el viernes por el empresario ilicitano y admitieran los hechos a cambio de una rebaja en la pena y evitar así el juicio. Una propuesta que, aunque tentadora, nadie aceptó ayer, en la primera sesión de la vista oral, devolviéndole a Crespo la moneda y dejándole solo, como él hizo cuando decidió pactar, en su declaración de culpabilidad. Confesión que, aun así, le ha salido rentable: de los 4 años de prisión que le pedía el fiscal por un delito de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal a los 9 meses pactados y una reducción de la multa de 120.000 a 9.000 euros. Como requisito imprescindible, eso sí, la devolución de lo cobrado: 200.000 euros ahora y el resto en dos años a razón de 200.000 por ejercicio.

Los demás acusados (entre los que se encuentran los murcianos Ángel Martínez y José García Gómez, para quienes el fiscal pide dos años de prisión) se mantuvieron en sus trece de proclamar su inocencia. La mayoría porque, como han venido manteniendo a la largo de la instrucción, nada sabían de unos pagos que aseguran que se introdujeron en el acta del consejo con posterioridad a la reunión, donde no se trataron. Otros, porque aseguran que se cumplieron todos los requisitos legales.

«Inocentes»

A la pregunta del presidente del tribunal, Javier Martínez Marfil, de cómo se declaraban, tanto el ex director general Roberto López, quien se enteró del acuerdo de Crespo con la Fiscalía cuando saltó a la opinión pública, como los 19 consejeros fueron pronunciando la palabra «inocente» tras haber escuchado de la boca de quien fuera el último presidente de la caja la contraria, es decir, que se declaraba culpable de haber percibido esa cantidad indebidamente.

Ello les supuso renunciar a una una rebaja en la petición de pena de 4 años a 9 meses (en el caso de López Abad), de 3 años a 7 meses (en el de Martín Sevilla, Antonio Gil-Terrón y Luis Estaban, miembros de la comisión de retribuciones que informó los pagos) y de dos años a 6 meses para los miembros del consejo de administración que dio el visto bueno. Con la consiguiente rebaja de las multas para todos (ver cuadro adjunto). Pero sólo estaban dispuestos a aceptar una absolución, y así obraron.

Superada esa fase, el resto de esta primera sesión del juicio, que reanudará el 4 de junio con las declaraciones de los acusados y que está previsto que concluya un mes después, se consumió con las cuestiones previas. Entre ellas destacaron dos por el apoyo unánime de las defensas: la falta de legitimidad de las acusaciones popular y particular que ejerce el abogado murciano Diego de Ramón en nombre, aseguró, de varios centenares de perjudicados. Y el que la Fundación CAM, que la semana pasada se apartó del procedimiento, fuera la denunciante de estos hechos cuando no estaba legitimada para hacerlo, según alegaron.

Plantearon la suspensión

Los abogados plantearon también la suspensión del juicio porque faltaban actas de la comisión de retribuciones y del consejo de administración. Unos documentos que ha sido reclamados al Tribunal Supremo, donde se encuentran dentro de la pieza principal, la del falseo contable, a la espera de que se resuelvan los recursos de casación presentados conta la sentencia que condena a cuatro exdirectivos de la CAM, los dos últimos directores generales entre ellos.

La suspensión, a la que no se opuso el fiscal, no fue acordada por la sala, que aseguró a que las actas iban a estar en la Audiencia antes de la reanudación de la vista oral.

También se propusieron testificales, entre ellas la del exsecretario del comité de dirección José Pina y el ex director general de Participadas Joaquín Meseguer.

Tensión en la sala «Recaudador del Sabadell»

Uno de los pocos momentos de tensión que se vivió en una sesión que, pese al número de letrados, discurrió con cierta tranquilidad, a lo que contribuyó en gran medida el talante de la sala, se produjo cuando la defensa de Antonio Gil -Terrón, el letrado Carlos Gómez-Taylor, espetó al fiscal que estaba haciendo de «recaudador del Sabadell», en alusión a que el Ministerio Público considere como perjudicada por estos cobros a la entidad catalana, quien ni tan siquiera se ha personado en el procedimiento. Un comentario que Felipe Briones aseguró que ni iba a contestar tras distinguir entre el ofendido, lo que abre la puerta a la personación sin necesidad de querella y donde situó a la Fundación CAM, y el perjudicado, condición que la Fiscalía le atribuye desde el principio de proceso al Sabadell.

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