La titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia ha aceptado que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se persone como acusación particular en la causa de la Desaladora de Escombreras.
Tal y como se lee en un auto fechado el 7 de mayo, al que ha tenido acceso LA OPINIÓN, la Comunidad quiere presentarse «en calidad de perjudicada». Pero es que se da la circunstancia de que la Desaladora en cuestión es de la Comunidad. El auto recuerda que el día 17 de febrero de 2006, «se creaba por el Ente Público del Agua la empresa pública regional Hidronostrum. El mismo día, Hidronostrum adquiría el 51% de la Desaladora y el 49% restante se compró, por escritura pública de fecha 14 de julio de 2010. Desde entonces, la Desaladora pertenecía íntegramente a Hidronostrum y, por tanto, a la Comunidad».
El auto judicial, de esta manera, admite que la Comunidad se persone en calidad de perjudicada, aunque apostilla que también podría llegar a ser «posible responsable civil» en la causa.
Desde que se levantó el secreto de las actuaciones, recuerda la jueza, se han ido presentando en la causa muchas entidades que querían ser acusación particular. Se acepta que lo sean, además de la Comunidad, la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse); Contrapoder, la Asociación Cívica contra la Corrupción y el abogado Diego de Ramón Hernández.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional cree que el PP amañó la adjudicación de la Desaladora y se la entregó a la empresa ACS. De este modo, cree la UDEF, se desarrolló una ‘trama del agua’ con facturas simuladas e informes jurídicos fabricados, que ahora llega a los tribunales.
Por otro lado, las declaraciones de varios hombres imputados en la causa que estaban previstas para los días 29, 30 y 31 de mayo han sido aplazadas hasta el mes de julio, según una resolución firmada por la jueza y tras pedirlo la Fiscalía. Las nuevas fechas para que declaren estos investigados se fijan para los días 10, 11 y 12 de julio. La jueza recuerda al Ministerio Público «la entidad que pueda tener la presente causa, por si interesa la declaración de complejidad» de la misma.
En marzo de este año, la jueza María del Mar Azuar levantaba el secreto del sumario que ordenó hace un par de años sobre las diligencias abiertas a raíz de la querella presentada entonces por el fiscal de Delitos Urbanísticos y contra el Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, que actualmente es fiscal superior de la Región.
La jueza dictaba entonces un auto en el que ampliaba también la relación de delitos que podrían ser imputados a los socios de Hydromanagement, propietarios de la planta, y a los máximos responsables del Ente Público del Agua creado por la consejería de Antonio Cerdá y presidido por él, que firmó los contratos con ACS.
