La reciente campaña especial de vigilancia realizada por la Jefatura Provincial de Tráfico entre el 16 y el 22 de abril ha concluido con 467 conductores sancionados entre los 12.249 controles realizados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en vías interurbanas de la región, lo que representa, con un 3,81 por ciento del total, el porcentaje más bajo de sanciones en este tipo de campañas en los últimos cinco años.

«Se trata de una reducción muy importante, pues, por ejemplo, en la campaña desarrollada en abril del año pasado, el porcentaje de denuncias ascendió al 8,46%, algo que nos congratula y anima a pensar que las campañas de sensibilización y concienciación que llevamos a cabo están dando resultado», según explica la jefa provincial de Tráfico, Virginia Jerez.

Durante este mismo periodo también se han realizado controles en carreteras convencionales y travesías, en las que se han controlado a 9.385 vehículos, y denunciado a 369. En autovías y autopistas se controló a 2.864 y los agentes denunciaron a 98, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en un comunicado de prensa.

A esta campaña se han adherido los ayuntamientos de Águilas, Cartagena, La Unión, Lorca, Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. Los resultados de los controles efectuados por las Policías Locales de estos municipios están pendientes de ser comunicados a la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia.

Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial ha denegado la rehabilitación en la carrera judicial y el reingreso al servicio activo de Fernando Ferrín Calamita tras el cumplimiento de la pena de diez años de inhabilitación especial a la que fue condenado. La Permanente considera que, como consecuencia de la condena a la pena de inhabilitación especial impuesta por sentencia de 30 de octubre de 2009 de la Sala Segunda del Supremo como autor de un delito de prevaricación judicial dolosa, Ferrín Calamita quedó definitivamente privado del cargo de magistrado.

El Tribunal Supremo confirmó en 2010 la sentencia que condenó al juez Calamita por un delito de prevaricación judicial por haber retrasado la adopción de una menor que había sido solicitada por la pareja de la madre biológica. El TSJ de Murcia le condenó por un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia con la agravante de desprecio a la orientación sexual.