El caso de la desaladora de Escombreras, que está siendo investigado por el juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, ha tomado un nuevo impulso a raíz del informe que ha realizado la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Estos expertos económicos revelan en el escrito enviado a los tribunales en enero pasado -que ha trascendido ahora- que hasta 32 personas habrían participado en un presunto fraude que conllevaría un pelotazo de 600 millones para la constructora ACS, que cobraría ese dinero del erario público por la citada planta.
El informe de la UDEF fue adjuntado a la causa por la jueza de instrucción número 5, María del Mar Azuar, que levantó el secreto de sumario de este caso, denominado en los tribunales ‘caso La Sal’, el pasado 7 de marzo. En ese auto judicial, la magistrada ya alude al documento policial, del que dice que «corrobora los indicios expuestos en la querella», denuncia que fue interpuesta hace dos años por el entonces fiscal de Medio Ambiente, José Luis Díaz Manzanera, actualmente fiscal superior de la Región. Manzanera en su querella indicaba que en la gestión y explotación de la desaladora de Escombreras se habrían cometido seis delitos, entre ellos, el de fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y fraude de subvenciones.
Los expertos de la Policía Nacional en delitos económicos consideran que el Gobierno regional de entonces y la constructora ACS se habrían puesto de acuerdo para licitar la desaladora sin tener en cuenta la Ley de Contratos del Estado y para burlar la Ley de Aguas, con el objetivo de impulsar 26 convenios urbanísticos para ordenar 180 millones de metros cuadrados y construir 250.000 casas (la Confederación Hidrográfica no daba la autorización para más casas, tal y como es preceptivo en la Ley de Aguas), según recogía ayer el periódico digital El Confidencial.
Tanto la UDEF como el fiscal y la jueza del caso creen que la desaladora de Escombreras fue un proyecto preconcebido, contando desde el principio «con la connivencia activa y preconcebida de al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo», afirma la magistrada en su auto. Así, ACS constituyó en enero de 2006 la empresa Desaladora de Escombreras y casi un mes después el Gobierno regional, entonces presidido por el actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, creó la empresa pública Hidronostrum SA para que adquiriera el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras, por lo que el proyecto de la planta desalinizadora estaba mayoritariamente participado por la Administración.
La compra de las acciones, que no contó con el aval de la Intervención ni de los servicios jurídicos regionales -indicó El Confidencial-, conllevó que la Comunidad asumiera todas las cargas a las que se había comprometido la empresa de Florentino Pérez previamente. Entre ellas, la obligación de abonar a la constructora y a los socios locales el arrendamiento de la planta y su producción hasta 2034. También debía comprar las instalaciones cuando concluyera ese periodo.
Empresarios murcianos
Posteriormente, ACS trata de salir de la sociedad, al empezar a tener la desaladora problemas financieros, y la Administración le compra el 49% de sus acciones. Poco después de salir del proyecto, ACS denunció en los tribunales al Ejecutivo regional por el presunto incumplimiento del plan de pagos, una demanda que si le sale bien le supondría unas ganancias de 600 millones pagadas por el erario público.
Los empresarios regionales que estaban en la sociedad inicial a la que después se unió ACS, que posteriormente creó la mercantil Desaladora de Escombreras, se desmarcaron ayer del caso y precisaron que la investigación judicial toma como punto de partida finales de 2005, quedando fuera la gestión anterior.
