«Disparate» o «inadmisible» fueron los adjetivos con los que calificaron ayer PSOE y Podemos, respectivamente, la medida llevada a cabo por el SMS por la que las mujeres que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo antes de la semana 12 deben abonar el precio de la anestesia, que ronda entre los 90 y 100 euros, según ambas formaciones.

El SMS justifica la medida alegando que esas intervenciones «no precisan» de anestesia ya que «suelen ser intervenciones poco traumáticas, procedimientos sencillos en los que no se abona la sedación porque no se precisa» y añadían que «a partir de la semana 12 sí se abona por parte de las áreas de salud correspondientes el coste de la sedación y/o anestesia y las remiten a las clínicas».

Así, la diputada regional socialista, Consuelo Cano, calificaba «el hecho de no contemplar la sedación en un acto quirúrgico» como de «un disparate que no se puede consentir». Además, Cano lamentó que «los embarazos no deseados y las interrupciones voluntarias del embarazo pueden ser un problema para las mujeres murcianas» y consideró que «tienen que encontrar apoyo y ayuda en la Administración sanitaria regional, ya que es una cuestión de salud».

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista y el PSRM-PSOE han reclamado a la Consejería de Salud conocer cuáles son los motivos y el criterio clínico que sustenta la actuación, así como las decisiones y protocolos que la Consejería tiene establecidos para atender a las mujeres murcianas. «En la Región de Murcia tenemos hospitales públicos y equipos de ginecología que podrían mejorar esta atención y así lo reclamamos», reclamaba la formación socialista. De este modo, la diputada anunció ayer que trasladará a la Asamblea Regional el debate y la petición de explicaciones al consejero de Salud para que «aclare a las mujeres murcianas qué está sucediendo en la Región con las interrupciones voluntarias del embarazo».

Por su parte, la diputada regional de Podemos, Mª Ángeles García Navarro, consideró «muy graves» e «intolerables» las prácticas adoptadas por el SMS en relación a este asunto, al tiempo que lamentaba que la Consejería de Salud «establece un criterio absolutamente subjetivo e ideológico cuando asegura que las interrupciones del embarazo antes de la semana 12 son poco traumáticas por lo que no se precisa sedación». Un argumento que, según García Navarro, «carece de criterio sanitario», ya que el grado de experiencia traumática en cada mujer «es absolutamente diferente y no se puede estandarizar».

Finalmente, Podemos exigió saber por qué en el caso de «interrupciones indicadas bajo criterio médico, tampoco se realizan en los Hospitales Regionales Públicos, sino que son derivadas a clínicas privadas, algunas de ellas fuera de la Región».