Un total de 8.837 migrantes pasaron el año pasado por alguno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España, unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional. Sin embargo, fueron 3.041 las personas finalmente enviadas a sus países de origen, es decir, el 65,5% del total de los extranjeros internados fueron puestos en libertad.

En concreto, según datos oficiales, en 2017 un total de 5.796 personas que fueron recluidas en los CIE tuvieron el año pasado que ser puestas en libertad ante la imposibilidad de ejecutar la orden de expulsión, cosa que el Ministerio del Interior, responsable de la gestión de los centros, logró en un 34,5% de los casos. La no ejecución de la expulsión ocurre cuando España no consigue averiguar de qué país es el extranjero en el plazo máximo de 60 días que puede mantenerle privado de libertad, cuando no tiene convenio con ese país de origen o cuando se trata de una persona en situación de vulnerabilidad, como un menor de edad tomado por adulto, una víctima de trata o un posible refugiado, entre otros.

Así pues, hay notables diferencias en la ratio de expulsiones en virtud de la nacionalidad: mientras el año pasado se expulsó al 90% de los 1.607 marroquíes que pasaron por los CIE, sólo un costamarfileño de los 1.215 que fueron privados de libertad en España acabó siendo entregado a su país de origen.

Estas cifras no incluyen a los 577 migrantes que pasaron por la cárcel de Archidona (Málaga), habilitada como CIE en la recta final del año pasado tras un repunte en la llegada de migrantes a las costas de Andalucía y la Región, aunque apuntan que 247 internos fueron deportados desde allí, principalmente a Argelia, mientras 30 quedaron en libertad.

De acuerdo a estos datos, las deportaciones desde los CIE se incrementaron ligeramente en 2017 con respecto a 2016, cuando la tasa de 'inexpulsables' ascendió al 71% de los 7.597 extranjeros internados. Es tendencia en los últimos años que sean más las personas que acaban liberadas tras pasar por un CIE que quienes resultan expulsadas desde allí. En el año 2015, por ejemplo, se expulsó a cuatro de cada diez extranjeros retenidos, cuando en 2013 eran el 47% los que quedaban libres.