Indultados definitivamente. La Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó este lunes la proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad del Partido Popular, en la que se impide el exterminio de especies exóticas e invasoras y se permite su uso para fines cinegéticos y de pesca deportiva, aunque de manera controlada y en los lugares en los que antes de 2007 esta actividad se viniera ejerciendo.
En el grupo de fauna indultada se encuentra, entre otras especies, el arrui y la trucha arcoiris, de amplia presencia en los espacios naturales de la Región de Murcia. A partir de ahora a estos animales se les denominará especies ‘naturalizadas’.
La modificación ha salido meses después de que el Partido Popular presentara su propuesta y fuera aprobada en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión a los diputados les ha tocado desarrollar esa ley, decidir en qué términos se pone en marcha, lo que han estado realizando en los últimos siete meses.
El diputado murciano de Ciudadanos, Miguel Garaulet, encargado de defender la postura de su partido, destacó que «es posible combinar» la protección de las especies autóctonas frente a las invasoras, con la actividad económica que para muchos entornos rurales supone la caza de los arruis y la pesca de especies como la trucha arco iris.
«Son actividades que ya se realizaban en lugares concretos antes de la Ley aprobada en 2007», dijo, matizando que quedaba claro el impacto negativo que sobre las especies autóctonas tienen las exóticas invasoras, y que había que seguir conservando el patrimonio natural y la biodiversidad propia a través de los planes de gestión. Las comunidades autónomas tienen 5 años para elaborarlos.
Garaulet consideró que todos los grupos habían hecho un esfuerzo por llegar a un consenso en la reforma de la ley, si bien también apuntó que «no va a gustar a ninguna de las partes», en referencia a los colectivos de cazadores y pescadores y a los ecologistas, al menos en un primer momento. «No es abrir la veda, sino que se puedan seguir realizando estas actividades allí donde se venía haciendo y que esté comprobado que supone un beneficio social, cultural o económico».
Y subrayó que se han introducido una serie de sanciones para el caso de suelta o introducción en los espacios naturales de estas especies, incluso si se hace ‘sin querer’.
17 sociedades científicas y 600 investigadores habían firmado en contra de la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
