Ninguno de ellos llegará a ingresar en prisión. El fiscal del caso Valeo, en el que se investiga la presunta venta fraudulenta de esta multinacional a una sociedad fantasma allá por 1994, con la intención presunta de no abonar los despidos de sus trabajadores, rebajaba ayer considerablemente su solicitud de condena para los tres acusados, al situarla en seis meses de prisión, frente a los tres años que solicitaba inicialmente.
En esta nueva sesión de la vista oral, que dio comienzo en la Audiencia Provincial de Murcia hace algo más de un mes, el representante del ministerio público ha expuesto que la causa ha sufrido demoras injustificadas, por lo que se debe aplicar a los tres acusados que se sientan en el banquillo la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificadas.
Fuentes judiciales explicaron que, por su parte, la acusación particular, ejercida en representación de los trabajadores, ha rebajado también sus solicitudes iniciales de condena, hasta dejarlas en dos años de cárcel.
El juicio se desarrolla solo frente a tres acusados, frente a los diez que en principio fueron encausados por estos hechos. Se trata de Antonio S.C., José Luis G. y Luis Ernesto E. Del resto de los imputados, cuatro han fallecido durante la instrucción del caso y a la espera del juicio, y otros dos están en paradero desconocido, aunque los hechos han sido declarados prescritos para ambos.
Otro, residente en Francia, presentó al inicio de la vista un parte médico en el que se indicaba que debido a su avanzada edad y sus dolencias no estaba en disposición de poder desplazarse.
Durante todo este tiempo, también han fallecido una treintena del centenar y medio de los trabajadores que se vieron afectados por la venta presuntamente fraudulenta de la empresa.
La figura jurídica que da lugar a que muchas de estas causas se cierren sin que nadie pise la cárcel es la de dilaciones indebidas. Una circunstancia -la de que un proceso se dilate en el tiempo- que, en múltiples ocasiones, ha librado de condenas a otros procesados en otros juicios también mediáticos. Pasaba, por ejemplo, en enero de 2017, en el conocido como 'caso Zumo'. Había 21 personas procesadas por, presuntamente, defraudar más de un millón de euros (que en la calificación fiscal aparecen como unos 166 millones de pesetas) en ayudas europeas para transformar cítricos. Unos hechos que acontecieron en 1994. «¿Estos señores son los de hace 23 años? Todos están jubilados, algunos de ellos con importantes dolencias», decía el primer día de la vista el defensor de siete de los acusados. Y pasó también en la causa por la contaminación del río Segura. Allí la Audiencia absolvió a todos los procesados.
