La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia no ha admitido hoy a trámite en virtud del informe de los servicios jurídicos de la Cámara la proposición de ley consensuada por el PP y el PSOE sobre el nuevo modelo de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV).
Fuentes de la Asamblea han señalado que el informe de los letrados del Parlamento remarca que el reglamento impide admitir una proposición de ley en el mismo periodo de sesiones cuando haya sido tramitada y votada anteriormente en pleno una iniciativa similar.
El pleno de la Cámara rechazó el pasado 28 de marzo con los votos del PP, el PSOE y Podemos la proposición de ley sobre el régimen jurídico de las ITV propuesta por Ciudadanos, que apostaba por la liberalización.
Por ello, los servicios jurídicos han dictaminado que no se puede admitir a trámite la nueva iniciativa hasta el siguiente periodo de sesiones, que comenzará el próximo septiembre.
De esta forma, el régimen jurídico de las ITV en la Región de Murcia vive un nuevo episodio tras los ocurridos anteriormente, que comenzaron el 4 de septiembre de 2017 cuando la oposición derogó el decreto ley aprobado por el Gobierno murciano sobre esta materia.
Semanas más tarde, el PP y el PSOE comenzaron las negociaciones para consensuar un texto que contara con la mayoría parlamentaria, mientras que Ciudadanos registró en la Asamblea una proposición de ley que fue rechazada el pasado marzo.
La intención del PSOE y el PP era tramitar de urgencia su iniciativa para que el hemiciclo la aprobara a finales de este mes, de forma que la región tuviera de nuevo una legislación autonómica en la materia, lo que no ocurrirá al menos hasta septiembre.
El texto de estos dos partidos, registrado el mismo día que tumbaron la propuesta de Ciudadanos, apuesta por el sistema de licencia condicionada, que permitirá la libre entrada de operadores siempre que "no se ponga en riesgo la viabilidad" de la red existente.
De esta forma, las solicitudes que se presenten a partir de la aprobación de la nueva norma deberán incluir un plan de viabilidad económica realizado por un organismo de derecho público independiente y basado en las inspecciones que realizan las tres estaciones más cercanas al lugar donde quieren ubicarse las nuevas.
En el caso de que haya varias solicitudes en trámite que afecten a las mismas instalaciones ya establecidas o en curso de autorización, la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera comprobará la viabilidad de la primera petición presentada y cuya documentación esté completa.
El Ejecutivo murciano, señala el texto, desestimará la solicitud de una nueva apertura cuando estime que las inspecciones realizables por la ITV proyectada generen menos del 95 % de los gastos que tendrá la instalación.
También rechazará la petición cuando incida o altere la oferta y demanda de servicio de las estaciones autorizadas, es decir, su viabilidad económica.
