06 de abril de 2018
06.04.2018
Protesta

Jueces y fiscales pararán todas las semanas para exigir independencia y más medios

La magistratura de la Región secunda las reivindicaciones que han realizado las cuatro asociaciones a nivel nacional, que pasan, entre otras cosas, por recuperar el salario que perdieron en 2010 y se acabe con la designación de magistrados por parte de los Parlamentos autonómicos

06.04.2018 | 04:00
Más de medio centenar de jueces y fiscales de la Región se concentraron ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia y leyeron un comunicado.

La magistratura de la Región de Murcia está en pie de guerra. Más de medio centenar de jueces y fiscales murcianos se concentraron ayer en las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia, para secundar el paro que se llevó a cabo en otras ciudades de España convocado por las cuatro principales asociaciones de jueces y las tres de fiscales, con el fin de solicitar que se refuerce la independencia judicial, que se modernice la Administración de Justicia, que haya más medios materiales y humanos y que se mejoren las condiciones profesionales.

Los jueces y fiscales murcianos anunciaron que van a secundar todas las movilizaciones que se han convocado para próximas fechas. Y es que a partir de ahora habrá paros parciales todos los jueves, mientras que el próximo sábado 14 de abril está prevista una gran manifestación en la capital. Si no se obtiene respuesta, los jueces españoles estudian ir a una huelga el 22 de mayo.

En la mañana de ayer, fue el magistrado de la Audiencia Provincial Enrique Domínguez, portavoz en Murcia de la asociación Francisco de Vitoria, el que leyó el comunicado con las reivindicaciones de los jueces y fiscales, acompañado por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano.

Para reforzar la independencia judicial, los concentrados reclamaron a las Cortes Generales y al Gobierno la elaboración de un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo referente al CGPJ, «que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación, y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad». «El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia», dice el comunicado que se leyó ayer, que exige «la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales» de forma transparente, así como la supresión de los magistrados elegidos por los Parlamentos regionales.

Respecto a la modernización de la Justicia, reclaman los jueces «un plan de inversión suficiente y prolongado», destinado, entre otros aspectos, a «incrementar las plantas judicial y fiscal, equiparándola a la media europea, convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años», así como modernizar los edificios judiciales y de las fiscalías y la implantación de los tribunales de instancia, «respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia de todas las personas». Otras reivindicaciones son la revisión del modelo de oficina judicial y la dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias para la lucha contra la corrupción, «que deberán depender directamente de la autoridad judicial y de los fiscales», reza el comunicado.

Otra de las peticiones es que se eliminen las figuras de 'sustitución y refuerzo' en el periodo de prácticas formativas, «respetando el derecho-deber a una formación inicial para ejercer en las jurisdicciones especializadas».

Asimismo, los jueces y fiscales exigen la convocatoria inmediata de la Mesa de Retribuciones, para recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y el régimen de vacaciones y permisos, así como el permiso por paternidad. Solicitan además la implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo, para cuyo diseño se tenga en cuenta la opinión de las asociaciones judiciales y fiscales, con especial atención a las medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales en el trabajo.

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