El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente, notificó ayer un auto en el que acuerda la conclusión de las diligencias previas del conocido como caso Pasarelas, que afecta al expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez, por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras.
Con este paso judicial, Sánchez se sitúa a las puertas del juicio oral, ya que basta con que una de las partes solicite su apertura para que así lo dictamine el juez. Ahora ha abierto un plazo de diez días para que las partes, entre las que están la Fiscalía y la acusación popular que ejerce Podemos, se pronuncien. Es el tercer caso en el que procesan al exjefe del Ejecutivo regional, que ya está al borde de sentarse en el banquillo por los casos Auditorio y Púnica.
En el caso Pasarelas se investigaba la contratación, por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del arquitecto Martín Lejárraga, el mismo que hizo el polémico teatro auditorio de Puerto Lumbreras, para la elaboración de la documentación técnica que serviría para recibir una subvención de la Comunidad para una actuación urbanística en el entorno de la rambla Nogalte de la localidad, «sin la celebración del correspondiente contrato de prestación de servicios conforme a la legislación de contratos en el sector público», estima el auto.
El instructor, practicadas las diligencias necesarias para determinar la naturaleza de los hechos y el grado de participación de los investigados, entre ellas la propia declaración de Pedro Antonio Sánchez y Martín Lejárraga (el pasado 23 de marzo) ordena ahora la continuación de la investigación por los trámites del procedimiento abreviado contra PAS, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y Martín Lejárraga, arquitecto encargado del proyecto de rehabilitación de la rambla de Nogalte, por si los hechos investigados fueran constitutivos de delito continuado de prevaricación administrativa y falsedad documental.
El magistrado considera que existen indicios suficientes para considerar que se contrató de una forma directa al arquitecto Martín Lejárraga, a pesar de que había uno en plantilla del Ayuntamiento, «no respetando la prohibición de no contratación verbal ni los procedimientos en función de la cuantía». Y en la fundamentación concreta el juez Morente que «para poder abonarle los honorarios, a partir del mes de julio de 2006 el investigado Pedro Antonio Sánchez se avoca la facultad de contratar a fin de realizar una serie de actos que creasen la apariencia de que se le estaban realizando varios encargos al señor Lejárraga, cuando en realidad era todo una unidad, cuidándose mucho de no superar el límite de 12.000 euros, procediendo luego el investigado Martín Lejárraga a emitir una serie de facturas destinadas a crear la supuesta apariencia de legalidad y corrección formal de las actuaciones».
El auto no es firme y contra él cabe recurso de reforma ante el mismo órgano que lo dictó y recurso subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial.
