Se escaparon 21 y al poco se les encontró a todos, excepto a nueve, que a día de hoy siguen libres. Ocurría allá por noviembre de 2016. Un nuevo motín en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Sangonera hacía saltar las alarmas y volvía a poner sobre la mesa la situación del lugar. Pocos días antes de la revuelta, el capellán del CIE, Pedro García Casas, había dicho que los internos sufrían «vulneración de ciertos derechos humanos, trato humillante y hacinamiento». Después del motín, que se saldó con varios policías heridos, responsables del Defensor del Pueblo organizaron una visita al centro.

Las conclusiones de aquella visita quedan ahora reflejadas en el Informe Anual 2017, que ha hecho público la institución. «En relación con la posible situación de hacinamiento del centro, se informó de que el mismo tiene una capacidad para 138 internos, no llegando a sobrepasarse en ningún momento y que, el día de la fuga había 68 internos en el centro», destaca el citado informe.

No sólo el capellán denunció este hacinamiento que el Defensor del Pueblo desmiente. Más de un año después de aquel motín, en diciembre de 2017, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Murcia explicaban que el CIE estaba «a tope», hasta el punto de que muchos de los inmigrantes que iban llegando a la Región, y que no tenían sitio en las instalaciones, eran llevados en furgoneta hasta la comunidad autónoma de Cataluña.

Volviendo al informe del Defensor del Pueblo, dice del CIE de Sangonera que «en cuanto a recortes en los horarios de atención y trabas para recibir visitas, se informó de que el horario de asistencia letrada se prestaba sin restricción de hora y el de visitas de familiares y amigos se efectuaba de 10.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas». «Con autorización del juzgado de control, se suprimió una hora con relación al horario existente con anterioridad debido a la adecuación del horario al descanso de los internos, que es el previsto para las ONG y demás organizaciones asistenciales», apostilla al respecto.

Un centro de internamiento de extranjeros no es una prisión. El tiempo máximo que una persona puede permanecer en este centro es de 60 días, al término de los cuales ha de quedar en libertad.

Sobre la presencia policial en el interior de las instalaciones de Sangonera, el Defensor del Pueblo indica que «se comunicó que se había producido un notable incremento en la seguridad, que aún se mantenía y que se acrecentó por los sucesos acaecidos con la presencia de la Unidad de Intervención, pasando a tener un total de 40 efectivos».

«También fue necesario reforzar la seguridad del establecimiento y realizar algunas reformas estructurales para evitar la comisión de nuevos intentos de fuga. Se realizaron obras en el recinto mediante la aprobación de una partida presupuestaria con este fin, consistentes en refuerzo del perímetro exterior, reparación y refuerzo de la valla exterior y de puertas interiores, así como supresión de rejillas y otros objetos metálicos», remarca.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras completó la información solicitada con respecto a las carencias que presentan las instalaciones del citado centro de internamiento, indicando que se habían iniciado las obras con la finalidad de rehabilitar y acondicionar los espacios y adaptarlos a las condiciones óptimas de uso y habitabilidad.