Andrés Jesús Martínez Corbalán es un camionero murciano que ayer, como otros tantos transportistas, sufrió las consecuencias del nuevo giro que ha dado el Procés' catalán tras la detención en Alemania de Carles Puigdemont. Este empleado de la empresa Euroloma, ubicada en Caravaca de la Cruz, estuvo más de cuatro horas retenido en la frontera con Francia, a donde se dirigía a llevar lechugas, debido a la protesta que el CDR (Comité de Defensa de la República de Cataluña) organizó en la autopista AP-7.

«La autopista estaba cortada y, tras un buen rato, nos han desviado a una carretera nacional. Pero resulta que cuando han sido desalojados por los antidisturbios, se han trasladado a esta carretera, por lo que hemos tenido las mismas», afirma Andrés Jesús, quien dice que los manifestantes eran en su mayoría jóvenes «que no paraban de chillar consignas en catalán y pedir la libertad para Puigdemont». Sospecha que no acudieron a la protesta espontáneamente, «sino que iban pagados por alguien».

Este transportista murciano resalta el papel de los Mossos d'Esquadra, «que ahora sí que están arrimando el hombro», para desalojar a estas personas que ocupaban la carretera, y lamenta que «otros compañeros han estado muchas más horas parados».

Antonio Jesús es uno de los cerca de 300 transportistas de la Región que se vieron afectados por el corte en la AP-7, según estima la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet), que exigió al Gobierno central y a la Generalitat catalana que adopten las medidas necesarias para restablecer la libre circulación .

El secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, lamentó que las Administraciones competentes no hayan adoptado medidas para evitar estos cortes, que eran previsibles pues habían sido anunciados, y reconoció que los transportistas se sienten «rehenes de un conflicto político»que causa al sector importantes pérdidas económicas, debido a que muchos transportan productos perecederos que pueden perderse si pasa mucho tiempo, a lo que hay que añadir el problema de los retrasos en la entrega de las mercancías, que puede llevar al consignatario a rechazar la venta.