Los antiguos trabajadores de Valeo respiraron ayer aliviados, aunque su propósito solo se ha visto cumplido en parte. Al menos tres de los diez acusados por la venta fraudulenta de Valeo van a ser juzgados por la operación ideada hace 24 años para reducir el importe de las indemnizaciones que la multinacional francesa habría tenido que pagar a sus 145 empleados para bajar la persiana. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial rechazó ayer las pretensiones de los imputados que habían solicitado la suspensión del juicio y continuó adelante con la vista oral en la que solo han comparecido tres de los imputados. La Sala presidida por el magistrado Francisco Navarro anunció ayer que será juzgado individualmente el exdirectivo de Valeo Noel Claude Goutard, quien había alegado una enfermedad degenerativa que le impide desplazarse.

La decisión ha sido adoptada después de encargar un informe a un forense murciano para que interpretara los estudios periciales sobre la enfermedad de Goutard, de 86 años, que padece artrosis.

Los trabajadores de la factoría dedicada a la fabricación de embragues que fue vendida en 1994 temían que el proceso judicial iniciado hace 21 años quedara bloqueado nuevamente, dado que el informe del exdirectivo enfermo había llegado hace solo unos días, cuando la fecha para la celebración de la vista estaba señalada desde 2016.

Igualmente, la Sala ha decidido dar por prescritas las acusaciones contra otros dos exdirectivos de Valeo en Francia que se encuentran en paradero desconocido, José María Alapont y Henri Pascal Goachet. A pesar de que uno de ellos tiene una hija a la que se han remitido las notificaciones judiciales, ésta dice que su padre vive en Estados Unidos y no sabe cómo localizarlo.

Otros cuatro acusados han fallecido, aunque los magistrados han considerado que toda la información relevante está recogida en el sumario, así como las declaraciones realizadas por los imputados, por lo que no existe indefensión. Los fallecidos son Antonio Barragán, Renée Billet, el exjuez Jaime Rodríguez Hermida y Plablo Unzueta.

Los tres únicos imputados que han comparecido en el juicio aducían que al estar acusados de «maquinación colectiva» se verían perjudicados si debían responder en solitario, dado que estarían en una situación de indefensión que podía dar lugar a la nulidad. Incluso llegaron a proponer que fueran citados como testigos los dos exdirectivos de Valeo que han quedado fuera del proceso porque la Justicia francesa no dio curso a los requerimientos remitidos desde Murcia y han conseguido la prescripción, pero los magistrados tampoco han admitido esta pretensión. Una vez resueltas estas cuestiones preliminares, prestaron declaración el empresario Antonio Sánchez Celdrán, que compró la factoría de Valeo a través de la sociedad Metalurgia del Sureste, la propietaria de planta; el exconsejero de Valeo José Luis Gras Peña y el abogado Luis Ernesto Echecopar, que llegó a ejercer como secretario.

Gras Peña explicó que desempeñaba un puesto técnico en «el holding» y recordó que «la Seat fue vendida al Estado español por un euro» cuando el fiscal trataba de descifrar la intrincada operación diseñada para el cambio de manos de la planta de Valeo.

Luis Ernesto Echecopar también intentó minimizar su participación en la venta. Aunque llegó a comprar una acción de Metalurgia, explicó que la Ley de Sociedades no permitía crear una empresa si no tenía al menos dos socios y dijo que «era normal que las notarías facilitaran incluso un socio».

Por su parte, Sánchez Celdrán, reconoció que no llegó a tomar posesión de Metalurgia del Sureste ni dio de alta a la empresa ni a los trabajadores, porque la plantilla le impidió el acceso. Se quejó de haber sido agredido y amenazado por los trabajadores en varias ocasiones y dijo que uno de ellos esgrimió una muleta contra él este martes.