Con respeto, pero discrepa. El fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel de la Mata, ha presentado un recurso contra el auto de la jueza instructora de la denuncia del Ministerio Público por la degradación del Mar Menor, y que, entre otras cosas, decidió abrir tres procedimientos separados, uno por cada colectivo acusado.

La jueza, Miriam Marín, consideraba que se debería abrir un procedimiento para funcionarios y cargos de la Consejería de Agricultura; otro para los de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), y un tercero para agricultores y empresarios agrícolas (que podría llegar a subdividirse en otros 24, número de acusados por la fiscalía en este sector).

Además, la magistrada titular del Juzgado de instrucción número 2 se inhibe en favor de los juzgados de San Javier y Cartagena para que sean éstos los que atiendan la denuncia correspondiente a 24 productores y agricultores, por tener sus fincas en ambos partidos judiciales.

Ante estos dos asuntos, el fiscal De la Mata pide a la magistrada que mantenga «la unidad de toda la causa» porque dividirla en tantas partes «podría tener consecuencias desastrosas, ya que cada juzgado sólo investigaría el vertido de cada agricultor, pudiendo considerarse que el mismo no es relevante para integrar el riesgo grave del delito contra el medio ambiente».

En este punto, el fiscal insiste en que la contaminación del Mar Menor y el Acuífero Cuaternario, «se perfecciona por la suma de acciones y omisiones de los sujetos referidos en la denuncia (Consejería, CHS y agricultores).

«Todos colaboran, todos suman, ya sea por acción o por omisión para que se produzca la consumación del delito». Y aunque no conste que se hayan puesto de acuerdo entre ellos, «sí hay un conocimiento tanto de la situación contaminada del medio al que van a parar sus vertidos individuales como de la actividad contaminante de los demás».

Por tanto, considera «prematuro» que la jueza se inhiba en favor de los juzgados de Cartagena y San Javier y abrir piezas separadas para investigar una pluralidad de delitos medio ambientales.

Igualmente, el fiscal solicita que la instructora que mantenga como hechos a investigar la ausencia de la planificación que sobre el Mar Menor pesa sobre la Consejería de Agricultura conforme a la legislación vigente; entendiendo el Ministerio Público que no hubo tal planificación. Marín había declarado el sobreseimiento de este apartado.

De la Mata no considera necesarias las diligencias acordadas por la jueza en las que se pide sendos informes, en un plazo de seis meses, a la Abogacía del Estado, porque defiende los intereses de una de las partes señaladas en el procedimiento; y a la Intervención General del Estado (IGAE) porque, «lo que se pide no es competencia de ese organismo».

Por último, entre otras cuestiones, se pide que se declare la complejidad de la causa; que se tome declaración a los denunciados como imputados; a los testigos; a los peritos; y que el perito Luis Burillo valore los daños.