El fiscal de Medio Ambiente del TSJ de Murcia, Miguel de Mata, ha presentado un recurso contra el auto de la jueza instructora de Murcia, Miriam Marín, de la denuncia que él interpuso por la degradación del Mar Menor, alegando varias razones, entre ellasm, que considera improcedente el sobreseimiento y archivo de los hechos referidos a los funcionarios de la Consejería de Agricultura, en el apartado correspondiente a la "deficiente gestión por ausencia de instrumentos de planificación".

El recurso de reforma del fiscal, que consta de once páginas, también considera improcedente la petición de informes que ha hecho la jueza del número 2 de Instrucción a la Abogacía del Estado y a la Intervención General del Estado (IGAE) que permitan delimitar la responsabilidad tanto de los funcionarios y cargos de la Consejería de Agricultura como de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La juez Marín dio 6 meses a estos organismos para enviar los informes.

En un tercer punto del recurso, Manzanera ve improcedente la instrucción separada respecto de los hechos atribuidos a funcionarios de la CHS y de la inhibición a los juzgados de Cartagena y San Javier para los posibles delitos de los agricultores.

Por último, el fiscal pide a la jueza que se revoque la resolución para mantener como hechos a investigar el apartado de la denuncia relacionada con la ausencia de la planificación que sobre el Mar Menor pesaba sobre la

Consejería conforme a la legislación vigente.

También le solicita que no se acuerde la práctica de las diligencias relacionadas con la solicitud de informes a la abogacía del Estado ni del IGAE al considerar que "lo que se pide no es competencia de ese organismo".

En resumen, el fiscal reclama a la jueza que no se divida la causa en tres procedimientos separados y que se acuerde la práctica de las diligencias que él solicitó, consistentes en: declaraciones de los denunciados en concepto de investigados; declaraciones testificales; las declaraciones y ratificaciones periciales; que por el perito agrícola se proceda a ampliar su informe pericial en relación con los agricultores denunciados, si al final se quedase esa parte del procedimiento este juzgado; declaración de complejidad, y que por el perito Luis Burillo se valoren los daños.

"Todo esto una vez se hayan instruido debidamente todos los investigados y se hayan personado en las actuaciones, para lo que se les debe dar un plazo prudencial", indica el fiscal que añade que estas actuaciones son para "evitar innecesarias e indeseables dilaciones indebidas", concluye De Mata.