El Gobierno regional no se plantará la ampliación de la desaladora de Escombreras que propone la empresa propietaria hasta que se cierre la investigación judicial abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía. La compañía Hydro Management, que tiene alquilada la planta a la Comunidad desde 2006, pretende duplicar su capacidad para añadir 25 hectómetros cúbicos a los 22 para los que fue construida.

El Ejecutivo de López Miras se ve presionado por la demanda de los regantes del Campo de Cartagena, que tratan de conseguir todo el agua posible para paliar la acuciante necesidad creada por el cierre del Trasvase en mayo de 2017, pero teme enfrentarse a nuevos conflictos si añade más pérdidas a las que la desaladora ha causado hasta ahora.

Hydro Management, que pertenece al grupo ACS y está participada por un grupo de inversores murcianos, ha presentado un proyecto a la Dirección General del Agua con la propuesta de incrementar en 25 hectómetros cúbicos la capacidad de desalación de la planta, ubicada en el complejo industrial del Valle de Escombrera, que en este momento está produciendo 20 hectómetros cúbicos. Fuentes de la Consejería de Agricultura, que es la responsable de la explotación de la planta a través de la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (Esamur), considera que «una ampliación consistiría en añadirle un nuevo bastidor, pero más allá de eso supondría la construcción de una nueva desaladora».

El Departamento de Francisco Jódar muestra su «máximo respeto» por las decisiones que pueda adoptar «la iniciativa privada» para aumentar la dotación de caudales de riego, pero asegura que «no va a tomar ninguna medida» hasta que se resuelva la investigación judicial.

La empresa que construyó la planta firmó un contrato con la Comunidad que le obliga a pagarle un canon anual -por importe de 17 millones anuales en este momento-, lo que da lugar todos los años a un tirón de orejas del Tribunal de Cuentas a los responsables de las arcas regionales.

Además de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, que sigue bajo secreto de sumario, el Tribunal de Cuentas también abrió en junio de 2017 un procedimiento para averiguar si la contratación de la desaladora con la compañía del grupo ACS ha supuesto un perjuicio económico para la Comunidad que puede dar lugar a un delito de ´alcance´. No obstante, este Tribunal aparcó la instrucción hasta conocer el pronunciamiento de la Justicia.

También la Asamblea Regional creó una comisión de investigación para averiguar quién decidió que la Administración regional se comprometiera a pagar durante 25 años a la empresa propietaria de la planta para que los ayuntamientos a los que la Confederación Hidrográfica les negaba la autorización para nuevos planes urbanísticos consiguieran del Ente Público del Agua un certificado que les garantizaba el abastecimiento en el futuro, sorteando así la Ley de Aguas.