El cumplimiento de normativas europeas sobre espacios protegidos ha sido una de las exigencias que asociaciones de vecinos y ANSE han lanzado al Gobierno regional durante su comparecencia en la comisión especial sobre el Mar Menor celebrada ayer en la Asamblea Regional. Así como la aprobación inmediata de la Ley Integral sobre la laguna.

Los representantes de los grupos PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos escucharon a Pedro García, portavoz de la asociación ecologista Anse; Ángel Monedero, presidente de la Asociación de Vecinos de la Ribera Sur; Cristina Roca, presidenta de la Federación de Vecinos de Cartagena y su Comarca (FVCAC) y Celia Martínez, portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor.

Pedro García defendió que era «muy urgente» la aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000, de la que «no se sabe nada»; y reclamó acciones de recuperación ambiental en la zona de La Manga, que está sufriendo, en su opinión, una pérdida de playas como consecuencia de la ocupación y la subida del nivel del Mar.

«Las administraciones deberían marcarse como prioridad eliminar una parte de las construcciones de La Manga» y desarrollar una moratoria urbanística, dijo, añadiendo que ellos han hecho un estudio para eliminar unas 100 viviendas para recuperar unos 12 kilómetros de costa.

Tanto el presidente de la Asociación de Vecinos Ribera Sur del Mar Menor, como la representante de la Plataforma Ciudadana Pacto por el Mar Menor, indicaron que la Comunidad «incumple directivas y normativas europeas» y sostuvieron que la aprobación del Plan de Gestión de la Red Natura 2000 es «independiente» de la futura Ley Integral del Mar Menor, que todos reclaman.

Celia Martínez, del Pacto, exigió el «cese total de vertidos y un modelo de desarrollo diferente, respetuoso con el entorno», para lo que debería haber una «tutela efectiva en el campo y que los técnicos ayuden al agricultor a la aplicación de estas medidas».

Los cuatro comparecientes también coincidieron en que debe haber un plan de ordenación del sector náutico.

Monedero, por su parte, consideró que la ley de Medidas Urgentes del Mar Menor «ha nacido coja» y debido a un «ataque de pánico de la Consejería viendo que la fiscalía amenazaba con el procedimiento general del Mar Menor». Opinó que el problema de la laguna viene primero del boom inmobiliario, el agrónomo y la construcción de las depuradoras.

Cristina Roca, desde la FVCAC, recordó a los parlamentarios que las reivindicaciones por el estado del Mar Menor ya comenzaron en el año 2005 en Los Urrutias y en 2007 la demarcación de costas creó la comisión del Mar Menor para realizar acciones de conservación de la laguna. Además de eso, desde el año 2011 ha habido «concentraciones constantes» por parte de la Asociación del Arco Sur.

«Parece que todo el mundo nos da la razón, pero el Mar Menor sigue como está», dijo añadiendo que «debería ser un tema nacional. Es tanto o más importante que lo que sucedió en el Prestige».

Comisión

La comisión especial ha ratificado su intención de que sigan las comparecencias en los próximos meses y que cada grupo parlamentario elabore unas directrices, que deberán tener en dos semanas, para que el Gobierno regional elabore la Ley Integral del Mar Menor. Sin embargo, ante la insistencia del PP a que lo haga la Asamblea, los partidos ya no lo descartan.

La diputada de Podemos María Giménez destacó que la situación es tan urgente que «no vamos a permitir que el Mar Menor espere más». Desde Ciudadanos, Luis Francisco Fernández dijo que «si se hubiera aplicado la normativa existente no estaríamos así»; Yolanda Fernández, del PSOE, consideró que el Gobierno regional había perdido «dos semanas» para comenzar la ley. Y el 'popular' Jesús Cano subrayó que «hay que coger la pelota y jugarla, no pasarla como están haciendo PSOE, Cs y Podemos».