Joaquín Sánchez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), asegura que en la Región siguen produciéndose entre seis y ocho desahucios diarios, a pesar de que la mejora de la situación económica parece haber amortiguado el impacto de las ejecuciones hipotecarias. A su juicio, la percepción de que «el drama» al que se siguen enfrentando miles de hogares está remiendo se debe también a que las familias amenazadas por el desalojo «ya no luchan. La gente está muy desanimada, muy desesperanzada, muy rota». Ante la propuesta avanzada por del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en el Congreso de los Diputados, el sacerdote Joaquín Sánchez respondió lacónicamente: «Estamos muy acostumbrados a estos anuncios».

El portavoz asegura que la Plataforma sigue luchando, como demuestra el hecho de que este mes «ha parado dos desahucios en Alguazas y en Molina», pero la falta de expectativas hace que mucha gente en el momento del desalojo «se quede inerte y se vaya. A veces se van de ocupas o encuentran un cuchitril», aunque aseguró que también se están viendo varias familias apiñadas en pisos «en los que llegan a vivir once o doce personas».

Pese a la recuperación que ha experimentado el empleo, los datos que ofrece la Administración de Justicia siguen siendo poco halagüeños, porque no han dejado de crecer en los últimos años. El número de desahucios practicados en el tercer trimestre de 2017 se elevó a 531, lo que supone un aumento interanual del 8,8%, según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales', que elabora la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El 39% de esos lanzamientos (207) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 320 (el 60,2%) se debieron de ejecuciones hipotecarias y los cuatro restantes obedecieron a otras causas.

Por otra parte, Murcia aparecía entre las tres comunidades autónomas (junto con Cantabria y País Vasco) en las que también se incrementó el número de ejecuciones hipotecarias en el tercer trimestre de 2017, lo que se traducirá, a su vez, en un aumento de los futuros desalojos. Según los cálculos de Joaquín Sánchez, siguen produciéndose entre seis y ocho desahucios diarios.El portavoz de la PAH apuntó que la mejoría de la economía tampoco permite augurar una situación más llevadera para las familias con dificultades para hacer frente a la cuota del préstamo o al alquiler, «porque la gente está en paro o cobra salarios muy precarios, que no les permiten vivir. Nuestro trabajo consiste en facilitarles una salida digna».

Advirtió igualmente de que el traspaso de las hipotecas y de los créditos fallidos a «los fondos buitre» está teniendo un efecto muy negativo, porque «está rompiendo los barrios. Obligan a marcharse a familias arraigadas, que han mantenido relaciones con el vecindario durante años y que muchas veces sirven de apoyo a otras personas que viven solas. Hemos encontrado a vecinas que se sienten desamparadas cuando la familia que les ayudaba tiene que marcharse».

No obstante, reconoce que hay familias que han conseguido un alquiler social y han podido quedarse en su casa, después de haber entregado la vivienda como dación en pago, o han conseguido otra vivienda gracias a las negociaciones con los bancos.